Los agentes medioambientales de Burgos se plantan frente a la Junta: «Reducir plazas es inasumible»

Estos se han unido con el resto de compañeros de la región. La situación ha propiciado el comienzo de una serie de asambleas y movilizaciones por todas las provincias de la comunidad. Los agentes medioambientales de Burgos y sus compañeros del resto de provincias afrontan unidos movilizaciones y protestas que «se extenderá, casi seguramente, hasta la campaña de incendios del año que viene. Vamos a alargar esto, mínimo, entre cuatro y seis meses», asegura Esaú Escolar, delegado sindical de USCAL-APAMCYL. «Este calendario de asambleas y protestas tiene mucha planificación porque hemos luchado mucho contra la Junta», asegura este agente.

Detrás de estas movilizaciones, que se alargarán meses si no son atendidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, está la unión de agentes medioambientales. La situación ha propiciado un frente de unidad de acción sindical. Esto ha cuajado en la formación de una plataforma sindical integrada por los cuatro sindicatos representativos del colectivo: USCAL, CSIF, CC OO y UGT.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apela al diálogo para buscar soluciones, pero este representante de los agentes medioambientales asegura que «le hemos pedido una reunión al consejero, hace más de 15 días, y ni nos ha contestado. Los cuatro sindicatos le hemos comunicado nuestras reivindicaciones y que íbamos a empezar una serie de asambleas informativas por las provincias y ni nos ha contestado», asegura este agente medioambiental de Burgos, Esaú Escolar.

Varios son los puntos y las reivindicaciones de los agentes medioambientales de Burgos y las otras ocho provincias de la comunidad. En primer lugar, las protestas surgen de «la eliminación de 72 plazas de agente medioambiental en la relación de puestos de trabajo (RPT) por parte de la Junta a nivel regional», señala Escolar. Además de la reducción de puestos en la RPT, este colectivo denuncia el no reconocimiento del nivel salarial que les corresponde.

«Pero hay más», asegura Escolar, «la negociación del decreto de incendios es otro problema. La Junta tiene que cumplir un decreto del Gobierno de España, pero no lo hace. El operativo de incendios forestales en Castilla y León es todo voluntario, no hay un operativo disponible y no hay agentes medioambientales de guardia ahora mismo. La Junta tiene la obligación de tener estas guardias todo el año, pero las han quitado», relata.

Otra de las reivindicaciones del colectivo es una mesa técnica de negociación, «nos prometieron esta mesa de negociación y no la han creado. Esta mesa sería para revisar un acuerdo del 2007 que tiene 10 puntos y solo se cumple uno», lamenta Esaú Escolar.

Las claves de las movilizaciones de los guardianes de la naturaleza punto por punto.

El colectivo denuncia que en la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) en la que trabaja la Junta, se han suprimido 70 puestos de agentes medioambientales. La RPT es la organización de la plantilla de empleados públicos y esta reducción de plazas es «inasumible» para el colectivo.

Esta reducción de puestos sería a nivel regional y afectaría a las nueve provincias. Desde el colectivo explican que la RPT actual reconoce un tope de 1.100 puestos de esta categoría, pero lamentan que solo están cubiertas unas 800. Por ello, denuncian que, en lugar de ampliar los puestos de agentes medioambientales en la región, se amorticen.

Ponen de manifiesto desde el colectivo que cubren grandes extensiones de terreno y que no pueden trabajar en pareja por la falta de efectivos, aunque sean la policía medioambiental. Realizan tareas desde la gestión y vigilancia de la caza y la pesca, lucha contra el furtivismo, recogida de animales silvestres heridos, control de especies invasoras, el control de vertidos y la contaminación o la extinción y prevención de incendios forestales.

Desde esta plataforma de unión sindical se señala esta otra reivindicación, lamentan que no se reconocen los puestos de los niveles que les corresponden a los agentes medioambientales por funciones realizadas, «de acuerdo con los propios criterios de la Junta», señala Escolar.

La Junta de Castilla y León ha especificado unos criterios para establecer los niveles laborales. Estos tienen en cuenta los turnos, si el trabajo se realiza a la intemperie, la atención al público, el empleo de medios ofimáticos. «Nosotros trabajamos en festivos, hacemos fines de semana, atendemos al público, estamos a la intemperie, utilizamos medios ofimáticos y, sin embargo, se nos deja tres niveles por debajo del nivel mínimo que establece la Consejería de Medio Ambiente», asegura Escolar.

El colectivo denuncia que no se les está reconociendo el trabajo que están haciendo y que no se les ha actualizado el complemento específico desde el año 2002.

La Junta, al igual que el resto de comunidades autónomas, debe cumplir con el Real Decreto-ley 15/2022 por el que se adoptaron medidas urgentes en materia de incendios forestales. Un real decreto aprobado a raíz de los incendios de Zamora. «Este decreto obliga a todas las comunidades autónomas a tener un operativo de incendios todo el año. El consejero está presentando camiones de bomberos por la comunidad, pero el operativo de incendios forestales ahora mismo en Castilla y León es todo voluntario. Dejamos al margen los parques profesionales de bomberos, que son de titularidad municipal. El operativo de incendios forestales en Castilla y León es todo voluntario, no hay un operativo disponible y no hay agentes medioambientales de guardia ahora mismo», asegura.

Los agentes medioambientales arremeten contra esta decisión de la Junta de suprimir las guardias de emergencia, una medida que se aplica desde el 20 de octubre. Estos profesionales señalan que esto afecta al ataque rápido ante los posibles incendios y que, además, incumplen la normativa estatal de agosto de 2022, tras un verano de fuegos devastadores. «Si llaman al agente medioambiental este acude de forma voluntaria, porque quiere, pero no está compensado ni es obligatorio que acuda porque no se paga la disponibilidad como sí se abona en la campaña de incendios, cuando comienza el riesgo medio», explican.

Este colectivo profesional reclama también una mesa técnica de negociación. Algo que se prometió desde la Junta, pero que no se ha creado. Esta mesa serviría para revisar un acuerdo de 2007. Esaú Escolar asegura que este acuerdo tiene 10 puntos y solo se cumple uno. «El único punto que se cumple es el de la no compensación por las horas de exceso en la extinción de incendios. Tenemos compañeros de Zamora que el año pasado hicieron más de 150 horas de exceso en incendios forestales y no les han compensado ninguna», asegura Escolar.

«De todas las cuestiones que se recogían en el acuerdo de 2007 esta es la única que se cumple. Eso lo han tenido en cuenta al dedillo, en cambio, revisar las oficinas comarcales, los medios materiales, la evaluación de riesgos de los servicios de vigilancia o la rotulación específica de vehículos oficiales no lo han tenido en cuenta», enumera este agente medioambiental de Burgos.

Otro de los incumplimientos que el colectivo denuncia es el del pacto del Diálogo Social, «se nos dijo que en el plazo de tres años (2023, 2024 y 2025) se duplicaría el presupuesto de incendio de Castilla y León pasaría de 60 a 125 millones. Se pidió al consejero que parte de ese aumento fuera para incrementar las nóminas. Nos aseguró que sí, que parte de ese dinero se iba a destinar para mejorar las guardias de incendios y las compensaciones retributivas de los empleados públicos, pero las últimas comunicaciones de rueda de prensa parece que no será así», lamenta Esaú Escolar.