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Si Supera, la empresa concesionaria del Centro Deportivo José Luis Talamillo, reabre la zona de agua el 3 de mayo, tal como ha anunciado, se libraría de pagar los 117.000 euros de multa coercitiva impuesta por el servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos. Y ... es que no se trata de una sanción por incumplimiento de contrato sino de una penalidad para forzar, precisamente, esa reapertura.
Así lo ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno Nuria Barrio, tras aprobarse en la Junta de Gobierno Local «proponer la imposición» de esta multa coercitiva, «una herramietna que te facilita la ley para poder apremiar a la empresa a que abra las instalaciones», ha matizado. De este modo, si se recupera el servicio de piscina y spa, la empresa no tendría que pagarla.
Barrio ha explicado que, una vez aprobada la propuesta en la Junta de Gobierno Local, se dará traslado de la misma a Supera. Y tendrán 15 días para presentar alegaciones, entre ellas, que ya tiene fecha de reapertura para el 3 de mayo, como le comunicó al Ayuntamiento a finales de la semana pasada y como ya ha anunciado a sus asociados.
«Si reabre el 3 de mayo, como está anunciado, la empresa deberá presentar alegaciones en este sentido y la multa coercitiva no se impodría, pero no quitaría que el expediente siga activo«, ha apuntado Barrio, aclarando las informaciones facilitadas en las últimas jornadas, en las que se había asimilado sanción a multa coercitiva sin especificar las diferencias de origen y materialización.
Además, la portavoz socialista ha insistido en que se analizará si corresponde alguna sanción por incumplimiento del contrato, en tanto en cuanto se ha tenido cerrada la zona de agua desde el 11 de marzo. Que se reabra, que no haya multa coercitiva no quita que se pueda imponar sanción por incumplimiento, pues el contrato establece la oblicación de contar con zona de agua, según Deportes.
Desde Supera mostraban este miércoles su malestar por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la existencia de la multa, que consideran «injusta y desproporcionada». Avisaban que, en caso de materializarse, se verían obligados a cerrar el centro deportivo ya que esos 117.000 euros suponen el 30% de la facturación de 2021.
También planteaban que, llegado el caso, reclamarían al Ayuntamiento la devolución de la parte no amortizada de la inversión realizada, que fueron 13 millones de euros. Supera insiste en que tomaron la decisión de cerrar piscina y spa por los elevados costes enegéticos, para preservar la viabilidad del centro, pero Deportes afirma que tenían alternativas, que no aplicaron, y que la decisión la tomaron de manera unilateral.
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