Denuncian como «expolio» el cambio «ilegal» de las puertas de la Catedral de Burgos

Los impulsores de la denuncia insisten en que las nuevas puertas, tres creaciones en bronce diseñadas la fachada principal de Santa María, son «ilegales». Es más, aseguran que el cambio de puertas puede constituir un «expolio» del patrimonio, entendido como tal cualquier acción que ponga en peligro por pérdida o destrucción los bienes que componen el patrimonio histórico español. Y se amparan en la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Recuerdan que la Catedral de Burgos es un monumento que goza de protección, tanto como BIC (Bien de Interés Cultural) como por ser Patrimonio de la Humanidad. Y las puertas actuales, que datan de 1790, gozan de la misma protección. Son un «bien inmueble por destino», y no un bien mueble, como alega el Cabildo Catedralicio, de modo que cualquier intevención está sujeta a las mismas exigencias que el resto del monumento.

Las puertas «son inseparables» de la Catedral, aseveran, y solo se podrían retirar por causa de fuerza mayor o interés general, y ninguna de las dos opciones se cumple. El Cabildo ha justificado el cambio por las malas condiciones de las actuales puertas, «que no se han conservado ni cuidado como es su obligación», lamentan los firmantes, pero no se encuentran en una situación que obligue a su retirada. Y tampoco valen las explicaciones de crear una obra de arte en recuerdo del VIII centenario.

Las puertas actuales son igual de BIC y Patrimonio de la Humanidad que el resto de la Catedral (pues abarca a todo el conjunto histórico), sobre la que solo se puede actuar en labores de conservación, mantenimiento y rehabilitación, como recogen no solo las leyes del patrimonio sino el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Mientras, las nuevas puertas de Antonio López no se podrían considerar ni BIC ni Patrimonio Mundial, debería tener su propia declaración.

Además, en el documento remitido a las autoridades se insiste en que cualquier obra que afecte a la Catedral, en su conjunto o en alguna de sus partes (incluidas las puertas) debe contar con la preceptiva autorización (en este caso, de la Junta). De lo contrario, se consideraría una «infracción grave». Y recuerdan que, al margen de las autorizaciones, Icomos ya se ha posicionado en contra de las nuevas puertas, y desde Unesco se ha advertido de que se corre el riesgo de perder el Patrimonio Mundial.

Los firmantes insiste en que su denuncia se basa en que el proyecto incumple la legislación del patrimonio, sin entrar a valorar ni la calidad artística de la obra, ni al autor de la misma ni su coste (1,2 millones de euros). Por eso también rechazan que se justifique la intervención alegando que las nuevas puertas traerán turistas o que supone una contribución a la historia de la Catedral, en continua evolución.

La denuncia se ha remitido al Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos, la Casa Real, Icomos, el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los firmantes, un centenar de personas, no descartan acudir a los tribunales, amparados en la obligación social de denunciar cualquier agresión al patrimonio español.