Las zonas de bajas emisiones en Burgos, pendientes de los juzgados y la nueva ordenanza municipal

La Ley de Cambio Climático había puesto el 1 de enero de 2023 como fecha tope para la implantación de las zonas de bajas emisiones en todo el país. Sin embargo, han sido pocos los ayuntamientos que han llegado a tiempo. Menos del 20%, explica el concejal de Tráfico e Ingeniería Industrial, Adolfo Díez, quien recuerda que son varios los motivos por los que Burgos no ha podido cumplir.

El imprevisto más reciente ha sido la decisión del juez de aceptar las medidas cautelares pedidas por el Partido Popular contra la adjudicación del contrato para la implantación de los sistemas de control y gestión de las ZBE. De este modo, se ha paralizado la instalación de los puntos de control, de los medidores de aire y de todos los sistemas de gestión.

Díez confirma que el Ayuntamiento de Burgos ya ha recurrido la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo, pues consideran que se puede ir avanzando con los sistemas de control y gestión ya que lo que definirá el funcionamiento de las ZBE, y las restricciones de tráfico, será la ordenanza municipal, que todavía está en fase de redacción.

No lo ve igual el juez, de ahí la aceptación de las medidas cautelares. Así mientras no se levanten, el Ayuntamiento tiene bloqueada la puesta en marcha de las ZBE. Eso sí, pueden avanzar en la redacción de la ordenanza municipal. El concejal explica que existe un borrador, pero que estaban pendientes de que el Gobierno central publicase el reglamento definitivo que regula las ZBE.

Y ya lo ha hecho. Sobre la bocina, en la última semana del año, el Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento definitivo, así que el equipo de Gobierno tiene ahora que examinarlo para adaptar el borrador y poder iniciar su tramitación. No queda otra opción, pues parece que el Gobierno no ha atendido las peticiones de los municipios, que planteaban una moratoria de la entrada en vigor de las ZBE.

El alcalde, Daniel de la Rosa, admite «no quedarse satisfecho» al no haber podido implementar a tiempo las zonas de bajas emisiones es algo. Si bien solo 20 de los 50 ayuntamientos que estaban obligados lo ha conseguido, De la Rosa no lo ve como «excusa». Afirma que «teníamos que haber llegado, y no lo hemos hecho», y recuerda que los retrasos en la ordenanza son uno de los motivos.

Igual que Adolfo Díez, el alcalde recuerda que la FEMP había pedido una moratoria pero el Gobierno no lo ha aceptado. Aun así, «creen que van a ser generosos a la hora de valorar qué tipo de medidas establecer», pues estamos ante un incumplimiento de una normativa estatal y podría traer consecuencias en formas de sanción, si bien todavía se desconoce ese extremo.

De este modo, el equipo de Gobierno está trabajando en lo que puede trabajar, que es en la ordenanza municipal, y esperando un cambio de opinión del juez, para que se pueda desbloquear la instalación del sistema de control y gestión. «Estamos trabajando en la ordenanza, después de conocer el Real Decreto Ley que da cobertura estatal para que los ayuntamientos sepamos a qué atenernos y no regular cada uno por su cuenta« ha admitido el regidor.