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El juzgado suspende el contrato para implantar las zonas de bajas emisiones en Burgos

El juzgado suspende el contrato para implantar las zonas de bajas emisiones en Burgos

Admite la solicitud de medidas cautelares presentada por el Partido Popular, lo que supone que se paraliza la puesta en marcha del proyecto. El equipo de gobierno anuncia que lo va a recurrir

Jueves, 1 de diciembre 2022, 14:27

La implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Burgos sufre un nuevo contratiempo. La justicia ha aceptado la solicitud de medidas cautelares presentada por el Partido Popular contra la adjudicación del contrato a Etralux, la empresa encargada de diseñar e implantar el sistema ... de control y gestión del proyecto, por 3,5 millones de euros.

El juez considera que, dado que las zonas bajas emisiones suponen una restricción de derechos fundamentales para los ciudadanos, al limitar la capacidad de movilidad, no se pueden implementar hasta que no se haya aprobado la correspondiente ordenanza municipal que las regulará. Y la ordenanza todavía no está elaborada, ha recordado la 'popular' Carolina Blasco.

En la resolución, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Burgos considera que con el contrato de sistemas de control y gestión «se está anticipando el contenido que solo puede quedar previamente definido en una ordenanza municipal, instrumento este aún no aprobado». Y es que se deciden puntos de control, dimensiones y límites de las ZBE.

El Ayuntamiento carece de ordenanza municipal, y todavía no se ha producido la modificación del Plan de Movilidad, instrumentos que deben dar cobertura a las zonas de bajas emisiones, recuerda el juez. «Existe un amplio margen de decisión al respecto para definir y delimitar la zona», aunque sea una obligación legal estatal, apunta, y eso requiere de la «participación pública».

Tiene que ser la ordenanza la que defina ubicación, delimitaciones y funcionamiento de las zonas de bajas emisiones, y al no existir considera que debe suspenderse el contrato con Etralux. «Un contrato de esta envergadura», apunta, tiene que ser «revestido de las necesarias garantías legales», y eso no lo exime ni los fondos europeos ni los plazos a cumplir.

Sin fianza

La portavoz municipal del PP valora que el juez haya tenido en cuenta su petición, al considerar que defiende el interés general de la ciudad. De este modo, el contrato con Etralux queda suspendido y, con ello, el desarrollo de las medidas vinculadas a las zonas de bajas emisiones, que tendrían que estar en vigor el 1 de enero de 2023, pero no llegarán.

Además, el juez exime al Partido Popular, como recurrente, de tener que aportar una fianza de 3,5 millones de euros, como exigía el abogado del Ayuntamiento de Burgos. La reclamación se sustanciaba en que una suspensión del contrato lo pondría en riesgo y, con él, los fondos europeos asociados, unos 2,5 millones de euros del presupuesto total.

«'Han fallado todos los controles», ha asegurado Blasco, quien considera que este caso es uno más de una larga lista de «irregularidades e ilegalidades» cometida por el alcalde, Daniel de la Rosa. También le acusa de «faltar al respeto» a los burgaleses y de mentir, pues afirma que el propio equipo de Gobierno ha reconocido, después, que los fondos europeos no están en riesgo.

La portavoz afirma que el juez les da la razón ante sus denuncias, en un contrato que lel PP ha calificado de «pelotazo tecnológico». Ha recordado igualmente que no pudieron recurrir el proyecto porque el equipo de Gobierno actuó con «oscurantismo», aprobándolo en la Junta de Gobierno Local sin avisar, y solo les ha quedado esta opción, que ahora ha sido atendida por el juez.

Recurso

Desde el equipo de Gobierno, Vicente Marañón ha adelantado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión del juzgado, pues consideran que existen posibilidades de «éxito» en el recurso. Afirma que no es necesaria la ordenanza para la implementación de los sistemas de control y gestión, y recuerda que dicha ordenanza está a la espera del reglamento estatal que las regulará.

Marañón ha sido muy duro en sus críticas contra el PP por la solicitud de la medida cautelar, al considerar que lo único que mueve a la formación es «torpedear» la acción del equipo de Gobierno y «paralizar» la ciudad. En este caso, su intención ha sido desde el principio, según Marañón, «entorpecer la implantación de las zonas de básicas emisiones».

El vicealcalde de Burgos insiste en que el PP no ha propuesto alternativas, no ha hablado de zonas, límites, accesos ni modelos. Ni siquiera ha dicho si le parecen bien o mal, aunque son «necesarias y obligatorias». Desde el equipo de Gobierno esperan que, con su recurso, se pueda desbloquear el proyecto y seguir con la implantación de las zonas de bajas emisiones.

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