El PP pide que el Ayuntamiento desista del contrato de la ZBE para «desbloquear» el proyecto

La portavoz 'popular', Carolina Blasco, ha anunciado que este mismo miércoles les ha llegado la admisión a trámite de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se fundamenta en que el contrato suscrito con Etralux no es un contrato de obra «válido», pues no existe ordenanza previa, ni el propio procedimiento ha sido el adecuado, al faltar documentación.

Blasco ha insistido en que el equipo de Gobierno «ha hecho mal las cosas desde el principio», y esta es una de las pruebas. Debería haber optado por un contrato de suministro, como han hecho otras ciudades, y no de obra. Y aunque ahora se justifiquen dicendo que es un contrato de suministro, no es así, de ahí la demanda interpuesta por el PP.

Por todo ello, y visto que la ordenanza municipal todavía no está preparada ni existe ni siquiera un borrador, el PP le pide al equipo de Gobierno que «desista» del contrato. Es la única forma de «desbloquear» el proyecto, afirma, pues de lo contrario van a acabar en un «agujero negro». Si la demanda del PP prospera, todo se retrasará todavía más.

Es «lo más razonable», apunta Blasco, y lo han hecho con otros contratos como el de las grietas de Villatoro. Otra cuestión serásn las consecuencias que tenga la decisión, sobre todo en términos económicos, pero eso será algo que tendrán que valorar los técnicos, ha indicado. Ahora lo que tocaría sería el desistimiento y, de ser así, el PP no seguiría adelante con la demanda.

Carolina Blasco ha aseverado que el proyecto de las zonas de bajas emisiones, que ya no ha cumplido con el primer plazo dado por la ley (estar implementadas a 1 de enero), no estará en marcha antes de que acabe el actual mandato. Se trabaja en una ordenanza municipal de la que la oposición no sabe nada, ni siquiera conoce que haya un borrador.

De este modo, su aprobación inicial ya no podrá ir al pleno de febrero. Habría que esperar al de marzo y, a continuación, llegará el periodo de exposición pública y las alegaciones. Blasco calcula que entraríamos en mayo, en plena campaña electoral, con la aprobación definitiva de la ordenanza y «no es el contexto más adecuado».