La puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones en Burgos, pendiente de la prórroga estatal

El concejal de Ingeniería Industrial, Adolfo Díez, asegura que «por parte de su área se ha hecho el trabajo para estar en plazo». Ahora se está a la espera de disponer del marco jurídico y normativo que permita regular las restricciones de tráfico, hacer la vigilancia y el control y poner las sanciones oportunas cuando se incumplan las restricciones.

En este caso, un gabinete técnico conformado por técnicos de Tráfico, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana e Ingeniería Industrial prepara la modificación de la Ordenanza de Movilidad para que incluya la nueva regulación. La intención es tener aprobada la modificación antes de que acabe el año, admite Díez, pero es un trámite administrativo, con plazos, que se escapa del control político.

Y es fundamental para poner en marcha las zonas de bajas emisiones. «Si no tenemos un soporte jurídico no se pueden implementar, porque no podemos restringir ni sancionar». También se necesita disponer del sistema de control y gestión, que se ha encargado a la empresa Etralux, por 3,5 millones de euros, de los cuales, 2,6 millones son fondos europeos.

El edil admite que «llegarían con la herramienta», pese a que el contrato con la empresa se ha firmado este septiembre y, de acuerdo con el pliego, tienen hasta 12 meses para implementar todo el sistema. Sin embargo, el Ayuntamiento cuenta con dos bazas. Por una parte, no se ha publicado el reglamento definitivo que regula las ZBE por parte del Gobierno central.

Por otra, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido una moratoria en la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, porque «otros ayuntamientos van más retrasados». De hecho, la mayoría están trabajando estos meses tanto en la modificación de las ordenanzas como en los sistemas de control y vigilancia para su implementación.

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Burgos ya está diseñada. Se creará una 'almendra central' de 2 kilómetros en torno al centro histórico, pero está dividida en tres áreas con restricciones diferenciadas. La ordenanza de movilidad será la que marque cuándo se activan las restricciones, en función de los índices de contaminación que se registren en la ciudad, explica Adolfo Díez.

La primera de las subáreas es la 'Zona Cero', de casi 250.000 metros cuadrados, que coincide con el centro histórico y ya cuenta con restricciones. Solo se permitirá el acceso a comerciantes, hoteles, repartidores y residentes. Luego está la zona básica, de 224.000 metros cuadrados, con límites en la Plaza de España, San Lesmes, Puente Gasset, Santa Clara, calle Miranda y Plaza Vega.

La última es la zona ampliada, que delimita toda la ZBE de la ciudad, incluyendo las zonas Cero y Básica. Es la que tienen sus límites en la calle San Francisco, Avenida de Cantabria, el Bulevar, el Parque de la Isla y el Paseo de los Cubos. Estamos hablando de 1,6 millones de metros cuadrados de extensión extra, pues sumadas las tres son 2 km de zonas restricciones.

La Zona Básica solo se restringirá si se superan unos máximos de contaminación, lo mismo que la ampliada. Sin embargo, el concejal de Ingeniería Industrial reconoce que será complicado que esas limitaciones lleguen a aplicarse pues Burgos no registra elevados niveles de contaminación. Eso sí, hay que cumplir con la norma estatal y diseñar la ZBE.

La empresa encargada del sistema de vigilancia y gestión deberá encargarse de la instalación de cámaras de reconocimiento de matrículas (más de medio centenar), puntos de control, medidores de contaminación acústica y del aire, señalización, paneles informativos y las conexiones con el centro de control de tráfico situado en las dependencias de Policía Local.

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