«Si los fisioterapeutas abrimos nos pueden multar porque no podemos garantizar la seguridad»

En el momento en el que se decretó el estado de alarma a raíz de la crisis sanitaria por la COVID-19 Elena explica que las clínicas de fisioterapia no tenían que cerrar «y ahora tampoco, en ningún momento se nos ha suspendido la actividad porque han incluido los establecimientos sanitarios como esenciales». Es decir, no se obligó al cierre de establecimientos sanitarios entre los que entran los podólogos, los dentistas, logopedas, ópticos, terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas, pero también se diferencia entre profesiones. «Pensé que se diferenciaría entre nuestros establecimientos sanitarios y los hospitales, por ejemplo, pero no ha sido así pese a las reivindicaciones y quejas que se han remitido al Gobierno desde los colegios profesionales», lamenta.

Elena ha cerrado su clínica, tanto ella como «el 99 por ciento si no es el cien por cien de los 'fisios' que yo conozco», apunta. Y es que las medidas que deben adoptar para poder seguir abiertos cumpliendo las medidas higiénicas de protección hacen inviable que puedan seguir prestando su servicio. «Deberíamos llevar bata desechable, guantes, mascarilla y gafas y, aún así, no podemos garantizar las medidas. Hay que tener geles en la sala de espera y en cada sala pero es que al entrar ya ha tocado pomos, sillas, revistas. Además, se tiene que desvestir y tumbar en una camilla en la que a dos centímetros de la cara tiene un tubo de hidráulico», enumera Elena pero no acaba ahí la cosa, «además, tendría que desinfectar todo antes de que entrase el siguiente paciente, por lo que cuántas personas puedo ver al día. Yo tampoco puedo mantener la distancia de metro y medio con la personas y, además, estoy 45 minutos tocando a la misma persona. Aunque el contacto fuese poco es durante un tiempo prolongado».

Además, todas estas medidas se hacen más difíciles de cumplir cuando no hay provisiones de batas, guantes, geles o mascarillas. «Hay mucha gente que ha pedido un certificado a los proveedores de que no hay EPIs para poder pedir un ERTE pero se lo han negado», añade esta fisioterapeuta burgalesa.

Pero sus problemas crecieron cuando el Gobierno decreto el cese de toda actividad económica no esencial. «No es que no nos obligasen a cerrar es que estábamos obligados a abrir porque se nos considera actividad esencial», comenta sorprendida. Explica que, según se ha informado, «se considera un delito por parte de la empresa no haber conseguido equipos de protección individual pero es que faltan en los hospitales cómo los voy a conseguir yo», se pregunta.

Elena resalta la incongruencia a la que se ve sometida, «ahora mismo si cerramos nos pueden multar porque nos consideran una actividad esencial pero si abrimos también porque no podemos garantizar la seguridad. ¿Qué hacemos?». Reconoce esta fisioterapeuta que, por mucho que se les considere una actividad esencial «no podemos garantizar la seguridad, estas clínicas son un posible foco de contagio si no podemos tomar las medidas de seguridad».

Igualmente, como ya comprobó en su clínica de Palacios incluso antes de decretarse el estado de alarma, no cree que la gente acudiese a tratarse pese a estar abierta, «antes de decretarse el estado de alarma, el último viernes, el 40 por ciento de la gente anuló voluntariamente la cita, solo tuve a los pacientes de mutuas», aclara.

Realmente, Elena cree que no hay ayudas para todos y «de alguna manera hay que excluir sectores». Se añade que sí podría solicitar la ayuda por haber reducido un 75 por ciento sus ingresos pero matiza, «la trampa está en que el mes no se empieza a contar desde el 14 de marzo sino que es mes natural, como trabajé medio mes de marzo es casi garantizar el 50 por ciento de los ingresos y para poder recibir la ayuda tendría que haber facturado en medio mes, como mucho un 25 o 30 por ciento».