El juzgado obliga al Ayuntamiento de Aranda a la readmisión «inmediata» de una letrada despedida

De esta manera, el tribunal procede a la ejecución provisional de la sentencia que en primera instancia declaraba el despido nulo y condenaba al Consistorio a su readmisión. Una sentencia recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por el Ayuntamiento arandino, que está pendiente de resolución firme. El despido, en la sentencia, fue calificado como «arbitrario», al haber otros casos de trabajadores en idéntica situación que no corrieron la misma suerte.

Tampoco le valieron al juzgado los argumentos de «causas organizativas», ya que poco tiempo después se asumieron tareas de urbanismo por parte de la Secretaria General debido al alto volumen de trabajo. En la sentencia en primera instancia, además de su incorporación, condenaba al Consistorio a pagar 15.000 euros por los daños morales sufridos por la trabajadora durante todo este proceso.

El Ayuntamiento, de momento, no ha ejecutado la readmisión de la trabajadora en su anterior puesta de trabajo, y tampoco ha procedido a presentar recurso contra la resolución. En la actualidad, la letrada ocupa un puesto interino como técnico de Administración General en propia Concejalía de Urbanismo, tras superar un proceso selectivo hace unos meses.

El despido de la letrada urbanista en diciembre de 2020 tras 18 años de trabajo en el Consistorio generó críticas tanto en el ámbito político, como en el sindical. «En la sentencia que obligaba a su reincorporación y que ahora está recurrida, se hablaba de daños morales. Daños morales que continúan al no haber sido incluida en la estabilización de empleo aprobada para los interinos, amparándose en que la sentencia todavía no es firme», ha explicado el portavoz socialista, denunciaba el portavoz socialista, Ildefonso Sanz, cuando se conoció la sentencia en primera instancia.

En esa línea, aludió también a que la trabajadora había realizado algunos informes contrarios en el tema de la plaza de toros y había participado como testigo en una investigación judicial por presunta prevaricación urbanística a la alcaldesa y varios concejales. Asunto que se terminó archivando. Por su parte, el grupo municipal de Podemos, tras el despido de la trabajadora, solicitó a la alcaldesa, Raquel González, que «recapacite y derogue» el decreto de despido de la letrada.

Asimismo, el comité de empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Aranda acusaron a la primera edil, que en estos momentos tenía asumida las competencias de Personal, del despido «subjetivo», al considerar que no se debe «a causas organizativas», ya que, tras su salida, «dado el volumen de trabajo en esta área la Secretaria General ha asumido tareas de Urbanismo».