Justicia avala crear nuevos juzgados en Burgos si la Junta lo demanda

«Espero que los trámites de cesión por parte del Ayuntamiento se hagan en un plazo de entre tres y seis mese, en ese momento nosotros cederíamos la parte correspondiente al local donde estamos ahora y, con un proyecto de obra y de ejecución de obra, que rondará los doce meses más o menos, nos podremos trasladar en 2024 a la nueva sede», explica el secretario de Estado de Justicia.

Sin embargo, todavía no se puede hablar de inversión para este proyecto, porque «la subdirectora de obras ha ido a ver el edificio y empezar a ver el proyecto», pero la cesión todavía no está hecha y, por lo tanto, no se sabe las obras que hay que hacer.

Además del problema inicial de accesibilidad que se solventará con el local de la planta baja, la nueva sede de la Gerencia contará con una distribución «de 1.200 m², por lo cual, va a mejorar las dependencias que había».

«Es una obligación que nos han marcado desde el Ministerio de Justicia, que los locales de Justicia sean accesibles para el ciudadano, que estén a pie de calle, que sean independientes de los Servicios Municipales y, por lo tanto, creo que es una muy buena noticia, tanto para Burgos como el Ministerio», afirma.

No son estas las únicas reivindicaciones de la justicia en Burgos. En la provincia también hay demandas que son necesarias solventar, de momento, se comenzará por la «mejora de la eficiencia energética en el edificio de los juzgados de Villarcayo» a cargo de los fondos Next Generation, de la Unión Europea, «queda pendiente la fase de adjudicación y ejecución de la obra», pero está previsto que pueda realizarse en 2023. «El presupuesto es de 380.840 euros», indica el secretario de Estado.

Asimismo, también se mejorará la eficiencia energética de los juzgados de Miranda de Ebro, por un importe de 1.080.379 euros, también financiado por fondos europeos. Sin embargo, la petición de Lerma de una nueva sede «no se contempla» actualmente, pero afirma que cuando se haga esa petición se «revisará, sin duda».

Los juzgados de la provincia reclaman falta de espacio y la necesidad de tener estos acondicionados para poder cubrir las necesidades de cada uno para poder atender a las víctimas.

Para facilitar esta atención, se han terminado «las obras de las dependencias del Instituto de Medicina Forense». «Creo que son muy importantes, se ha adaptado el edificio a los nuevas disposiciones para las exploraciones de menores y víctimas de agresiones sexuales.

Además, se ha instalado una cámara Gesell y se ha creado un espacio de espera y atención para los padres y madres que acuden con ellos a esas dependencias. Esta inversión ha tenido un coste de 284.027 euros que creo que es importante resaltar», insiste Antonio Rodríguez.

Una de las peticiones más recurrentes en la capital es la creación de un nuevo juzgado de lo social, lo que supondría el cuarto juzgado de este tipo. «Están aprobadas la creación de 70 nuevas unidades judiciales para este año 2023. Yo soy de la opinión de que Burgos tiene que crecer, pero para eso tiene que haber una petición por parte la comunidad autónoma y una aceptación por parte del Consejo General del Poder Judicial. Soy de la opinión de que tiene que haber más unidades judiciales en Burgos. No sé si las 19 como pedía el presidente del Tribunal Superior de Justicia para toda Castilla y León, pero sí tiene que haber un incremento de las unidades judiciales en Burgos», declara.

Además de este refuerzo en forma de juzgado de lo social, la justicia en Burgos también reclama nuevos refuerzos en los juzgados de lo Penal, donde los profesionales en prácticas que han obtenido plaza han abandonado su interinidad.

«El Consejo del Poder Judicial tiene sus competencias y sabe lo que tiene que hacer. El Consejo del Poder Judicial lleva más de 1.600 días sin renovarse, lleva más de 1.600 días de interinidad, algo tendrá que hacer el Consejo del Poder Judicial para evitar esas situaciones. Y en lo Mercantil, lo mismo».

La provincia no queda al margen de estas reclamaciones. En Aranda de Duero y en Miranda de Ebro las reivindicaciones pasan por un tercer juzgado de Instancia e Instrucción, sin embargo, según indica Tontxu Rodríguez, «ojalá» lo fuese.

«Insisto, están presupuestadas la creación de 70 nuevas unidades judiciales. Si la comunidad autónoma lo solicita con un informe que diga que es necesario y el Consejo General del Poder Judicial lo ve necesario, desde el Ministerio de Justicia estaremos encantados de ampliar las unidades judiciales».

Para evitar el cambio constante del personal de los juzgados en el medio rural, Tontxu Rodríguez asegura que se hizo «una ley importante» por parte del Gobierno para evitar esa interinidad «y en el desarrollo de ese ley seguro que da buenos frutos y va a dar estabilidad en esos puestos que antes eran interinos y ahora van a pasar a ser fijos».

La demanda de los equipos psicosociales en Burgos no es nueva y es necesario su ampliación para la mejor del funcionamiento del segundo juzgado de familia: «Se está trabajando en ver qué posibilidades de ampliación de plantilla hay, pero asumiremos que todos los equipos psicosociales están incluidos en el instituto de medicina legal, que será quien le dará una mayor coordinación a las necesidades. Pero es verdad que Burgos necesita de un nuevo equipo psicosocial».

«Yo fui abogado del turno de oficio y conozco perfectamente las reivindicaciones que hacen los abogados del turno de oficio porque son las mismas que hacía yo hace 30 años. Las mismas», explica.

Añade que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó la aportación de «más de 47 millones de euros para el pago de los abogados del turno de oficio». No hay que olvidar que los abogados del turno de oficio son «la primera institución» de atención al ciudadanos «en respuesta a una justicia necesaria», por ello, reitera su «respeto».

«Entiendo la dedicación y el gran trabajo que realizan los abogados del turno, con la asistencia al detenido, el turno de oficio, el juicio rápido… Por lo tanto todo mi apoyo, pero ahí también está el Consejo General de la Abogacía y, por lo tanto, creo que esas reivindicaciones tienen que dirigirse al Consejo General de la Abogacía»