Expedientan por falta grave al portavoz de las reivindicaciones de los bomberos de Aranda

El gobierno municipal, liderado por la alcaldesa, Raquel González, ha instruido un expediente por dos faltas graves a la cabeza visible de las reivindicaciones de los bomberos, que llevan más de dos años denunciando la falta de seguridad en la Ribera del Duero por la ausencia de retén de guardia. De esta manera, se le imputan faltas por «obstaculización» de ejercicio de las funciones a un compañero y «desconsideración» a los superiores, en un expediente instruido por el jefe de Personal.

Llama la atención que el proceso «ha prescrito» para los otros compañeros afectados, a pesar de que se les adjudicaban los mismos hechos, según aseguran fuentes jurídicas cercanas al caso. En esta línea, detallan que los hechos sancionados datan del periodo 2020-2021, pero el primer proceso emprendido había caducado y, casualmente, se retomó «el mismo día en el que se pidió en una comparecencia pública la dimisión de la alcaldesa de Aranda».

En el nuevo proceso sancionador, se incluyó a siete efectivos del servicio de extinción de incendios. El pasado mes de noviembre, se liberó a cuatro de ellos al no encontrar indicios. Este mes de febrero, se decidió que en otros dos casos el asunto había prescito. Solo se ha mantenido en el proceso al portavoz de las reivindicaciones y delegado sindical al que, en circunstancias idénticas, se le imputan faltas por «obstaculización» de ejercicio de las funciones a un compañero y «desconsideración» a los superiores.

Un expediente que se podría traducir en entre 4 y 12 años de suspensión de las funciones de este trabajador municipal. El pliego de cargas se firmó el pasado 10 de febrero por el jefe de Personal del Consistorio, y prevé un plazo de diez días para presentar alegaciones. Recursos que ya se han presentado en contra de esa resolución.

El Partido Socialista alertó ya el pasado mes de enero, que en el Ayuntamiento se estaban tramitando algunos expedientes disciplinarios a trabajadores que calificaron como «desmedidos». En ese momento, el portavoz socialista, Ildefonso Sanz rehusó a dar nombres con el argumento de evitar represalias a los empleados. Los socialistas acusaron a la alcaldesa, Raquel González, de practicar «la política de miedo» entre los trabajadores municipales.

A mayores, aludieron al despido de una letrada urbanista «de forma arbitraria», un tema que está en el juzgado, que el Ayuntamiento perdió en primera instancia y está recurrido por el Consistorio. En esta línea, el PSOE mantiene que existen «multitud» las denuncias que llegan de la situación laboral que viven muchos trabajadores.

Al respecto, la concejala, Amparo Simón aludió a varias manifestaciones que se realizaron los trabajadores interinos en el año 2021, portando carteles donde se podían leer palabras como «miedo», «acoso», «abuso» o «precariedad», según recogía BURGOSconecta.