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Las residencias de ancianos gestionadas por la Diputación de Burgos son «competencia exclusiva» de la Junta de Castilla y León. Así lo indica la legislación vigente a todos los niveles y así lo reiteran los socialistas, que a la vista de la polémica ... surgida a raíz de las declaraciones semanas atrás del gerente de Servicios Sociales de Castilla y León han decidido poner en marcha una serie de iniciativas destinadas a que la Administración Autonómica asuma sus responsabilidades en la materia cuanto antes.
Según ha confirmado hoy el portavoz del PSOE en la Diputación, David Jurado, su formación planteará una propuesta para su debate en el Pleno de las Cortes Autonómicas esta misma semana. Una propuesta que, a grandes rasgos, pretende formar a la Junta a que integre en 2019 las cinco residencias de la Diputación en la red autonómica.
Para ello, los socialistas exigen la constitución «inmediata» de sendas comisiones mixtas destinadas a tramitar el traspaso de las competencias en las residencias, no solo de Burgos, sino de toda la comunidad, toda vez que esta es una situación que también se da en varias provincias. De hecho, el propio presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ya planteó la necesidad de articular una comisión de estas características semanas atrás.
Sin embargo, a raíz de aquella comparecencia, en la que Rico contradijo al gerente de Servicios Sociales, reclamando públicamente la asunción por parte de la Junta de la gestión -o financiación- de las residencias, nada se ha movido. Solo la Junta, a través de su portavoz, milagros Marcos, ha escrito un nuevo capítulo, reiterando la negativa de la Administración Autonómica a asumir una competencia que considera que es responsabilidad de la Diputación.
Y es precisamente ese silencio el que ha motivado a los socialistas a mover ficha, exigiendo, no solo el inicio del proceso de transferencia, sino también la financiación del coste de las residencias mientras dicha transferencia no sea efectiva. No en vano, ha recordado Jurado, la gestión de las residencias supone todos los años un quebranto económico de 21 millones de euros a la Diputación.
De esta forma, los socialistas confían en que el Pleno de las Cortes dé luz verde a la propuesta, obligando así a la Junta a dar su brazo a torcer. Eso sí, «independientemente» de lo que pase esta semana en Valladolid, el PSOE elevará este debate -otra vez- al seno de la Diputación. Lo hará también en forma de propuesta en el próximo Pleno, esperando que el PP de Burgos mantenga el mismo mensaje reivindicativo enarbolado por Rico.
Paralelamente, desde el PSOE se plantea una segunda propuesta vinculada a la finaciación de los Servicios Sociales por parte de la Junta de Castilla y León. Y es que los socialistas no están conformes con el Acuerdo Marco recientemente aprobado para 2017, 2018 y 2019. Y no lo están porque, para empezar, llega con «casi un año de retraso» y se ha elaborado en base a una «negociación bilateral» realizada «sin transparencia». En este sentido, Juradso insiste en la necesidad de aplicar «criterios objetivos de reparto» de la financiación.
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