La Junta insiste en que las residencias de ancianos provinciales son competencia de la Diputación

Por eso, ha afirmado, la Junta de Castilla y León no tiene la obligación de asumir su gestión, por mucho que la Ley marque que las competencias en materia de Servicios Sociales dependen de las administraciones autonómicas.

«Somos conscientes de que se hace un esfuerzo tremendo por parte de los ayuntamientos y las diputaciones» para mantener diferentes servicios, ha asegurado De Pablos, pero la Ley no obliga a la Junta a asumir la gestión de los cinco centros. Todo lo más, ha insistido, puede colaborar a través de líneas de cofinanciación como las planteadas en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales.

Eso sí, el gerente regional no ha cerrado la puerta a estudiar una hipotética transferencia, no solo de la gestión, sino también de la titularidad de los centros. La propia Ley de Ordenación Territorial de Castilla y León contempla esa posibilidad, pero activarla dependería, en todo caso, de que la Diputación lo solicitara formalmente, cosa que, según De Pablos, no ha sucedido.