Rico insiste en que las residencias son «competencia exclusiva» de la Junta e insta a abrir una negociación

Esa afirmación tan categórica llega apenas un día después de que el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, asegurara que, al contrario de lo que se plantea desde hace años por parte de los representantes burgaleses, la competencia es de la Diputación. Unas declaraciones que han causado «perplejidad» en el seno de la Institución Provincial. Y es que, según ha subrayado Rico, todas y cada una de las legislaciones desarrolladas en los últimos años indican justamente lo contrario.

En este sentido, el presidente provincial ha echado mano de la hemeroteca del BOE, citando leyes como la de Bases del Régimen Local del 85, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley Montoro) o el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado en 2007. En todas ellas, ha insistido Rico, se determina taxativamente que la totalidad de las competencias en materia de Servicios Sociales dependen de las comunidades autónomas.

A mayores, ha añadido, la Ley de Ordenación Territorial de la Junta de 2013 también incluye una disposición que establece la posibilidad de transferir la gestión de los centros residenciales y regula los mecanismos que deberían activarse para lograr tal fin, vinculados a la constitución de comisiones mixtas.

En definitiva, la idea de que la gestión de las residencias son una competencia impropia de la Diputación «no es una teoría jurídica inventada», sino avalada por la normativa. El problema, asegura Rico, es que la Junta por el momento no ha hecho nada por dar cumplimiento a ella, a pesar de que en los últimos años «ha habido conversaciones» de carácter «informal» al respecto. Y es que, la Junta sigue pendiente de la reforma de la financiación autonómica. Básicamente, sin dinero para sufragar los costes competenciales, no se pueden asumir de golpe todas las transferencias.

Pero eso, según Rico, no es motivo suficiente como para no abrir el necesario debate y negar la responsabilidad de unos y otros. Por eso, la intención del presidente provincial pasa por remitir hoy mismo un escrito oficial a la consejera de Familia de la Junta para constituir cuanto antes una comisión específica que aborde este asunto y en la que estén presentes todos los presidentes de diputaciones de Castilla y León. No en vano, ha recordado Rico, este no es un problema que afecte a Burgos en exclusiva.

La intención, tal y como ha explicado, es la de abordar el tema «sin ánimo de hacer frentismo», conociendo y reconociendo las posibilidades y limitaciones de unos y otros y con un espíritu constructivo para promover una transferencia de competencias ordenada.

A partir de la contestación que se reciba a esta instancia, la Diputación de Burgos actuará. Eso sí, el propio presidente provincial ha recordado que la Diputación ya se ha puesto en contacto con la Junta en varias ocasiones para abordar algunos aspectos concretos del reparto competencial y hasta la fecha «no ha habido respuesta».

Y mientras tanto, la Diputación continúa asumiendo buena parte del coste de la gestión de las cinco residencias repartidas por la provincia. En total, ha recordado Rico, dicha gestión supone 31 millones de euros, que una vez descontadas las cuotas de los residentes y las aportaciones de la Junta a través del Acuerdo Marco generan un déficit de algo más de 16 millones de euros. 16 millones que la Diputación deja de invertir cada año en sus propias competencias, ha concluido el presidente.