Los municipios afectados por el fuego de Arlanza remiten a la Junta un inventario de daños

El inventario incluye, además de los edificios afectados por las llamas, otras pérdidas materiales (maquinaria, enseres...), los daños sobre la cosecha, las pérdidas ganaderas y la devastación de vegetación. Lo peor se lo ha llevado Santibáñez, pero también ha habido daños a reparar en Silos y en Quintanilla del Coco, y todos los municipios quieren agilizar las ayudas.

La Diputación Provincial se ha comprometido a ayudar a los municipios en toda la tarea administrativa, apunta Ibáñez. Se prestará apoyo en la tramitación de documentación, en gestión técnica, pero también en la búsqueda de fondos para abordar la rehabilitación. Y todo ello sin olvidar que la Diputación también tendrá que colaborar con fondos propios.

Así lo ha indicado el presidente de la Institución Provincial, César Rico, que ha mantenido una reunión este lunes en Silos con los tres alcaldes. También ha estado presente Ramiro Ibáñez y la diputada de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, además del delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz. «Nuestra labor esencial está ahí, en la ayuda», ha insistido Ibáñez.

El diputado reconoce que los alcaldes, como cualquier ciudadano, «quieren respuestas rápidas», pero al administración tiene sus tiempos. De momento, «han hecho una labor fantástica», pues han dado con los propietarios de los edificios afectados por el incendio y, a partir de ahí, se puede empezar a trabajar. Toca saber quién tenía seguro y quién no para ver cómo se afronta la reparación.

La última parte del proceso será la más complicada, admite Ramiro Ibáñez. Consistirá en la apertura de los expedientes para la ejecución de las obras de rehabilitación y conseguir la financiación necesaria, pero ya se están dando los pasos para ello. Desde la Junta han reiterado su compromiso de que ayudarán cuando fallen los seguros.

Mientras, el informe técnico sobre el estado en el que ha quedado Santibáñez del Val ya está elaborado. De hecho, hay dos documentos. Por una parte está el informe de la Diputación y, por otro, el documento que ha elaborado el Ayuntamiento, que es «más exhaustivo» en palabras de la alcaldesa, Ana María García, y eleva a 86 el número de inmuebles afectados.

Con esos documentos se determinará cómo proceder, cuáles son los edificios a demoler y cuáles requieren de una intervención y en qué medida. El diputado provincial entiende la inquietud de los vecinos, que han perdido sus propiedades y recuerdos, y quieren volver a la normalidad cuanto antes, y la Diputación tratará de agilizar los trámites para que así sea.

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