Monasterio de Rodilla y Burgos, los ayuntamientos menos colaboradores con el Procurador del Común en 2021

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 23 de enero 2022, 08:49 | Actualizado 08:58h.

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A lo largo del 2021, 18 entidades públicas de la provincia de Burgos no han atendido sus obligaciones con el Procurador del Común. Se trata del organismo del Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma de Castilla y León. Las entidades públicas pueden engrosar esta 'lista negra' de entidades no colaboradoras por dos vías. Por un lado, por incumplir con la obligación de informar. Por otro lado, por no contestar a las resoluciones y recomendaciones del Procurador.

Si atendemos a las entidades burgalesas que en el 2021 no han cumplido con su obligación de informar al organismo cuando este ha solicitado información, nos da un total de nueve ayuntamientos. Son el Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla y el de Burgos los que más aparecen en esta lista. El Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla tiene ocho registros abiertos por no proporcionar la información solicitada por el Procurador del Común. Por su parte, el Consistorio de Burgos tiene cuatro registros abiertos por incumplir son su obligación de informar. En esta línea, Aranda de Duero tiene dos registros abiertos y Briviesca otros dos. Además, cierran esta lista el Consistorio de Castil de Peones, el de Carcedo de Burgos, Sasamón, Isar y Quintanapalla.

Esta lista hace referencia a los registros incluidos en el 2021. Si nos remontamos en el tiempo, el listado aumenta. Pero en lo que va de año 2022, dos nuevas entidades se suman a la lista de no cumplidores. Son la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Barrios de Colina. Todos ellos tienen un apercibimiento de posible responsabilidad civil en caso de persistir en esta falta, la de no remitir la información solicitada.

Si vamos a la lista de las entidades no cumplidoras con el Procurador del Común al ignorar las resoluciones y recomendaciones de este organismo, la lista es de 13 entidades burgalesas. Son 12 ayuntamientos de la provincia y la Diputación de Burgos. La Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, el de Arauzo de Salce y el de Monasterio de Rodilla tienen, además, dos resoluciones o recomendaciones ignoradas, el resto tienen una. Son el Consistorio de Quintanapalla, el de Medina de Pomar, el de Hontoria de la Cantera, el de Los Altos, la Junta Vecinal de Tabliega, la de Valdeajos de la Lora, la de Escobados de Arriba, el Ayuntamiento de Briviesca y el de Revillacruz.

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Si sumamos los nueve ayuntamientos incumplidores por no informar y los 13 incumplidores por no contestar a las resoluciones el total es de 22, pero algunas entidades se repiten en ambos casos. Estos son el Ayuntamiento de Burgos, el de Monasterio de Rodilla, el de Briviesca y el de Quintanapalla.

No es obligatorio aplicar las resoluciones del Procurador del Común, pero la ley sí obliga a los responsables públicos a que comuniquen si están de acuerdo o no con las conclusiones de su investigación. Desde el Procurador del Común se explica que «las entidades públicas tienen por ley el deber de informar y colaborar con este organismo».

Cualquier persona o grupos de personas puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de la comunidad. Aporta en ese momento documentación y el Procurador se encarga de solicitar el resto de información a las administraciones. «Si la administración interpelada no contesta solo tenemos una versión. Si es un caso claro y podemos acceder por otros medios a la información, lo resolvemos y enviamos la posible solución, pero se dificulta así el trabajo del organismo y se incumple con el deber», se explica desde este organismo.

Se añade desde el Procurador que las entidades burgalesas, tales como ayuntamientos y la Diputación, sí suelen colaborar, «pero hay casos en los que no envían información solicitada o no contestan y no sabemos por qué es».

Cuando no hay colaboración y se ha dado varios avisos a la entidad, el Procurador apercibe a la administración señalándole que, en caso de persistir en el incumplimiento del deber, podría incurrir en responsabilidad penal. «No se suele producir, pero en última instancia podría acabar en Fiscalía», explican desde el Procurador.