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La historia de la central nuclear de Santa María de Garoña está plagada de hitos tecnológicos, polémicas medioambientales y enfrentamientos políticos antes, durante y después de su periodo de explotación. Sin emabrgo, lo que está claro es que 'la Atómica' es ya parte indeleble de la historia reciente de Burgos en general y el Valle de Tobalina en particular. Una historia que hunde sus raíces a mediados del siglo pasado y que, a pesar del cierre de la planta, aún está más que presente en la zona.
1957. Se funda Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola y creada con el objetivo de desarrollar y gestionar una central nuclear junto a un gran meandro del río Ebro, en pleno Valle de Tobalina.
1966. Tras años de planificación, Francisco Franco preside el acto de inauguración de las obras de construcción de la planta nuclear, cuya tecnología había sido adquirida por Nuclenor a la empresa norteamericana General Electric. El reactor, que llegó en una pieza al puerto de Bilbao, es transportado por carretera gracias a un convoy especial que obliga a intervenir en varias de las carreteras del trayecto. Se trataba de un reactor tipo BWR con una potencia instalada de 460 Mw, lo que convertía a Garoña en la central más potente de su tipo en toda Europa.
1971. Tras cinco años de obras, la planta ya está preparada para comenzar a funcionar. El 2 de marzo de aquel año se conecta el reactor a la red y la planta comienza a producir electricidad.
2009. Nuclenor presenta solicitud de prórroga de la licencia de actividad por otros diez años, siguiendo así el cauce habitual seguido hasta entonces. Sin embargo, y a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero limita la prórroga a cuatro años, imponiendo el 6 de julio de 2013 como fecha del fin de la operativa de la planta. Paralelamente, el Ejecutivo central presenta el 'Plan Garoña', que contempla una retahíla de actuaciones valoradas en más de 900 millones de euros para dinamizar el entorno de la planta tras su cierre.
2011. El PP gana las elecciones generales y Mariano Rajoy se convierte en diciembre en presidente del Gobierno, dictando una política diferente a la socialista en materia nuclear.
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2012. Tras las correspondientes consultas con el CSN, el Ejecutivo del PP cambia el decreto de cierre de la central y concede a Nuclenor un plazo especial para solicitar una nueva prórroga de la licencia de actividad. La empresa descarta esa opción argumentando causas económicas, dadas las grandes inversiones que debería acometer para ajustarse a la nueva normativa surgida tras el accidente de la central de Fukushima.
2012. En diciembre, siete meses antes de la fecha de cierre impuesta por el Gobierno, Nuclenor decide motu proprio desconectar la central de la red eléctrica, alegando que la operativa no resultaba rentable con la entrada en vigor de los nuevos impuestos sobre el combustible gastado. El reactor se para oficialmente a las 22:57 horas del 16 de diciembre.
2014. El Gobierno de Mariano Rajoy aprueba en febrero un decreto que modifica las condiciones para la solicitud de prórroga a centrales cerradas por razones ajenas a cuestiones técnicas y de seguridad, abriendo así la posibilidad de que Nuclenor vuelva a pedir una nueva licencia de explotación.
2014. Aprovechando las nuevas condiciones implementadas por el Ejecutivo, la empresa presenta en mayo la correspondiente solicitud de licencia de actividad con el objetivo de operar hasta 2031.
2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impone una sanción de 18,4 millones de euros a Nuclenor por la desconexión no programada de la central en diciembre de 2012. Según el organismo estatal, la empresa cometió una «infracción muy grave» de la ley del Sector Eléctrico, al «reducir, sin autorización, la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica» al sistema.
2015. Las elecciones generales de diciembre dejaron un mapa político muy complejo, que derivó en la convocatoria, el año siguiente de nuevos comicios, quedando la cuestión nuclear parcialmente aparcada.
2017. En febrero, el CSN informa favorablemente sobre la solicitud de reapertura de Garoña, pero condiciona dicha reapertura a la realización de inversiones técnicas y en seguridad por parte de Nuclenor.
2017. En marzo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reconoce públicamente que su empresa no está interesada en reabrir Garoña en las condiciones planteadas por el informe del CSN, ya que la inversión necesaria no compensaría la explotación de la central.
2017. Días después, el máximo responsable de Endesa, Borja Prado, hace público su desacuerdo con Iberdrola, su socio dentro de Nuclenor, asegurando que su empresa sí está dispuesta a asumir esas inversiones para reabrir la central.
2017. El 1 de agosto, y después de que las empresas que participan en Nuclenor no se pusieran de acuerdo, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, anuncia la decisión del Gobierno de denegar el permiso de explotación solicitado por Nuclenor tres años antes, a pesar de contar con el informe favorable del CSN.
2019. Enresa comienza a planificar el desmantelamiento definitivo de la central, programando una serie de actuaciones previas con Nuclenor, que continúa siendo propietaria de la planta. Se perfila la compra de contenedores especiales para el almacenamiento del combustible gastado.
2022. En julio comienza el almacenamiento del combustible gastado en los cinco primeros contenedores adquiridos por Enresa para tal fin.
2022. El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León pone en marcha una iniciativa para exigir la redacción de un informe que dictamine las posibilidades técnicas y económicas de reabrir la central.
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