«Tuvimos que aprender a vivir con Garoña y ahora tenemos que aprender a vivir sin Garoña»

«Nosotros tuvimos que aprender a convivir con Garoña y ahora tenemos que aprender a convivir sin Garoña», resume al tiempo que insiste en que desde el Valle de Tobalina «no somos partícipes de absolutamente ninguna de las decisiones que se toman en materia nuclear». Sin embargo, añade, «somos nosotros los que tenemos que convivir con ello y compatibilizar nuestro desarrollo con esas circunstancias». Y, diez años después del apagón del reactor, asegura, no han llegado las «compensaciones» comprometidas.

«La presencia de la central impidió durante años el desarrollo de otras actividades» y tras el cierre se constata un «olvido» por parte de las administraciones superiores, lamenta. De hecho, «las perspectivas de empleo temporal ahora son nulas, y eso ha tenido una consecuencia directa» sobre diversos ámbitos, empezando por el padrón municipal, que ha descendido un 10% en la última década, y siguiendo con una sustancial merma de los ingresos municipales.

«Como municipio nuclear, teníamos unos ingresos que nos ayudaban a mejorar la viabilidad del propio Ayuntamiento, que nos ayudaron a generar unos servicios que constituían una ventaja respecto a otras zonas rurales y que facilitaban el asentamiento de población. Esos ingresos se han perdido». Y no son pocos. Estamos hablando de unos 800.000 euros menos al año de un presupuesto total de algo más de tres millones de euros.

La «consecuencia» lógica de esta situación es que el Ayuntamiento está teniendo «unas dificultades enormes en la gestión municipal del día a día». Por ejemplo, en los últimos años no se ha podido desarrollar la campaña de pavimentaciones en las pedanías, y «el remanente de tesorería se ha dedicado casi en exclusiva a compensar los ingresos que hemos dejado de tener», explica la alcaldesa.

Unos ingresos que, de momento, no está garantizado que se recuperen durante las labores de desmantelamiento de la central. Al menos no por escrito. Y es que, las obras de desmontaje de la central se han declarado de 'interés general', lo que implica que estarán exentas del pago del correspondiente impuesto municipal de construcciones.

Ahora bien, el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica pasa por compensar esa circunstancia mediante la fórmula del convenio con el Ayuntamiento del Valle de Tobalina. Dicho documento aún no se ha firmado, pero González lo tiene claro: «necesitamos que, ya sea bajo la figura del convenio o a través de cualquier otra fórmula, comience el desmantelamiento cuanto antes para que podamos frenar todo ese perjuicio que está sufriendo el municipio y podamos mantener los servicios básicos».

Máxime, subraya, tras el cambio de criterio adoptado a cuenta de la gestión de los residuos. No en vano, una vez aparcado el proyecto del almacén central, dichos residuos se quedarán almacenados en la central. «Lo que vamos a tener es un cementerio nuclear, con más de 700 barras de uranio enriquecido con residuos de alta intensidad. Va a estar aquí de manera indefinida y ahora mismo no hay ninguna normativa que nos compense por ello», cuestiona la alcaldesa.

Por todo ello, González hace un llamamiento a las administraciones. «Los 14 municipios del entorno hemos diseñado una estrategia de dinamización, pero necesitamos el apoyo y compromiso del Estado y de la Junta de Castilla y León» para llevarlo a cabo y «compensar» así el impacto que tuvo hace diez años la desconexión de la planta, cuya hipotética reapertura, puesta de nuevo sobre la mesa por parte de Vox en los últimos meses, ni si quiera se ha llegado a debatir en el seno municipal. «En el Ayuntamiento no hemos mantenido ningún debate al respecto. No es nuestro papel. Al final, será la empresa la que determine si es viable y factible abordar una reapertura», zanja González.