El PP rechaza que la Junta asuma la titularidad de las residencias de las diputaciones

Un grupo de alcaldes y miembros de corporaciones locales han seguido desde la tribuna de invitados el debate de la iniciativa socialista en el Pleno, respaldada por toda la oposición, y que ha contado con una enmienda de sustitución del Grupo Popular, que no ha sido aceptada por la proponente socialista.

Barcones ha asegurado que ayuntamientos y diputaciones «salvan la cara» de los servicios sociales de la Comunidad, los cuales, ha recordado, son una competencia exclusiva de la Junta, a pesar de que «no está ni se la espera».

También ha criticado que la Administración Autonómica no sea «activa» en la construcción de centros residenciales, lo que ha obligado, a su juicio, a actuar a las entidades locales. Por ello, ha recordado que la Ley de Ordenación del Territorio plantea su integración en los servicios autonómicos, recalcaldo que son una competencia «propia» de la Junta. Además, ha denunciado que a una financiación local «insuficiente» se une la falta de fondos para las mancomunidades.

Por su parte, el procurador del PP por Burgos Ángel Ibáñez ha defendido una emienda, insistiendo en que el PSOE no tiene en cuenta que tanto el Estatuto de Autonomía como el Catálogo de Servicios Sociales permiten que la titularidad de los centros sea de la Junta o de las entidades locales. Por ello, ha añadido, diputaciones y ayuntamientos sí tienen competencias en los servicios y ha instado a Barcones a pedir perdón a la consejera portavoz, Milagros Marcos, por las críticas que hizo sobre su desconocimiento de la normativa.

En este sentido, Ibáñez ha negado que exista preocupación en los ciudadanos sobre quién presta la competencia, sino sobre el servicio que reciben. Además, el dirigente 'popular' ha sugerido que los profesionales de las residencias gestinados por las diputaciones no comparten la demanda socialista. También ha afeado al PSOE que no haya presentado una enmienda al proyecto de presupuestos de 2018 para elevar los gastos derivados de las nuevas atribuciones.

Lejos de aceptar tales planteamientos, Barcones le ha recordado que con su intervención le había llamado «ignorante», no solo al PSOE, sino también al presidente del PP y de la Diputación de Burgos, César Rico, que semanas atrás se expresó en los mismos términos que los socialistas en torno a la titularidad y financiación de las residencias. Además, Barcones ha insistido en que la proposición es «literal» en relación a la ley «estrella» de Ordenación del Territorio y ha apuntado que el PSOE ha planteado varios fondos, como el de mejora del bienestar, para el presupuesto de 2018. Además, ha señalado que los 32 millones de euros que demandan las instituciones provinciales de Burgos y León se podrían recaudar elimiando el «regalito» a los herederos más ricos.

La socialista ha asegurado que «por culpa del Gobierno del PP» están axfisiados los municipios y ayuntamientos, como hace a su juicio la Junta con las mancomunidades. Al respecto, Ángel Ibáñez ha insistido en que la casa se hace con unos «buenos cimientos» que a su juicio pasan por la reforma de la financiación autonómica y no por el «tejado», por lo que calificó la propuesta de “oportunista y demagógica”.

En nombre de Podemos, la procuradora Josefa Rodríguez Tobal ha apoyado la propuesta socialista y ha criticado la «pasividad» de la Junta en la construcción de residencias para mayores. «Esto es el mundo al revés», puesto que en su opinión el PP no ve la ley como un mandato. «No hay otra alternativa» que no pase por que el Ejecutivo asuma sus competencias, ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos David Castaño ha aclarado que a su juicio estas competencias son «legales» porque figuran en un convenio entre las diputaciones y la administración autonómica. También ha criticado que no se hayan constituido comisiones para la transferencia de estos centros a la Junta y ha puesto como ejemplo una de Salamanca, en la que cada enfermo le cuesta 63.000 euros al año.

A este respecto, Castaño también ha asegurado que los fondos que se liberen se quedarán en un 60 o 80 por ciento en las diputaciones para entre otras cosas «repartir cacicadas», algo en lo que a su juicio PP y PSOE son «iguales». Además, ha censurado que los socialistas participaran en el cálculo del Cupo Vasco, cuando en la financiación autonómica las «habas están contadas».

El 'leonesista' Luis Mariano Santos Reyero ha recordado las palabras de Marcos, en las que negó que las residencias no sean competencias impropias para las diputaciones y el «desliz» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la cuna del parlamentarismo. Así, ha apoyado la iniciativa porque entiende que los servicios sociales deben ser prestados por la administración autonómica, pero ha exigido un pacto nacional para lograr un sistema de financiación autonómico.

También ha considerado «contradictorio» que el portavoz socialista, Luis Tudanca, rechache pintar líneas en la ordenación territorio, en lugar de blindar los servicios, cuando fue una norma que aprobaron por acuerdo PP y PSOE en 2013. Además, ha recordado que en Cistierna (León) se construyeron dos residencias en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que ahora no es posible casi mantener. Además, ha lamentado que La Robla (León) lleve «tantos años» intentando abrir un centro de estas características.

Sea como fuere, el rechazo del Grupo Popular a la propuesta ha generado un aluvión de críticas por parte de los socialistas burgaleses, que consideran que «las discusiones internas del PP se saldan con un recorte de 21 millones de euros en inversión para los ayuntamientos» en la provincia. Así al menos lo entiende la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, que ha lamentado que César Rico no haya sido capaz de «imponer su criterio frente al presidente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco» en este asunto.

Un criterio que, a juicio del portavoz socialista en la Diputación de Burgos, David Jurado, se basa en «defender los intereses del partido» en vez de «de velar por los de los pequeños municipios».