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Los negociadores de PSOE y Esquerra volvieron a verse este viernes las caras para avanzar en el acuerdo que posibilite la investidura de Pedro Sánchez. El encuentro se produjo en Madrid, pocas horas después de que el Gobierno anunciara la congelación de las pensiones y del salario mínimo ... , un movimiento encaminado a presionar a los republicanos para que faciliten el entendimiento.
El 10 de diciembre se celebró en Barcelona la última reunión formal de los equipos del PSOE y Esquerra. Entre medias, el 20 de diciembre, se conoció la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que dio la vuelta a la situación procesal de Oriol Junqueras. Los republicanos a partir de ese momento decidieron congelar las relaciones hasta ver qué rumbo tomaba la Abogacía del Estado en sus alegaciones ante el Supremo al fallo de la corte de Luxemburgo. Se mantuvieron, sin embargo, los contactos informales y el cruce de documentos entre ambas partes.
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María Eugenia Alonso
Con el informe de los servicios jurídicos de la Administración ya cocinado, aunque se mantenga en secreto, los negociadores han vuelto a reunirse para avanzar en los últimos detalles de su pacto.
Según los socialistas hubo «avances», pero según Esquerra el encuentro se desarrolló «sin novedades relevantes». Dos valoraciones opuestas que dan una idea del alicaído nivel de las relaciones entre ambos, aunque compartan el objetivo de la investidura. Coinciden también en el calendario de un debate entre el 2 y 5 de enero.
El mismo que sugirió este viernes mismo la portavoz gubernamental. Sánchez espera que la Abogacía del Estado entregue este lunes al Supremo sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Junqueras. Si fuera así, y Esquerra ve en ese informe el gesto que reclama para llegar a un acuerdo, se podría abrir el debate de investidura el 2 de enero y culminarlo tres días después.
Pero no fue el único movimiento que se registró este viernes. La Moncloa apeló a toda su artillería política para asegurarse, antes de la cita de los negociadores, el respaldo republicano. Anunció la congelación de las pensiones y el salario mínimo hasta que haya nuevo Gobierno a pesar de que la actualización de las prestaciones con arreglo a la evolución del IPC era una de las medidas estrellas del programa del PSOE y Sánchez lo prometió durante la campaña para las elecciones del 10 de noviembre. Fue una decisión política envuelta en papel de razones técnicas (la imposibilidad de autorizar esas subidas por un Gobierno en funciones, arguyó la ministra Isabel Celaá).
La subida de las pensiones y el incremento del salario mínimo a mil euros son dos argumentos para nada baladíes en el partido de Oriol Junqueras, que presume tanto de su vertiente social de izquierda como de la soberanista. Ambas reivindicaciones entran ahora en la nevera hasta la formación del nuevo Ejecutivo, un paso que requiere sí o sí su plácet a la investidura de Sánchez.
La Moncloa puso esta nueva pieza en el tablero de la negociación con Esquerra antes de que un nuevo actor entrara este viernes en escena con consecuencias impredecibles. La Junta Electoral Central anunció que se reunirá el próximo jueves. Nada excepcional si no fuera porque tiene en su orden del día los escritos de PP y Ciudadanos para que no se permita a Junqueras salir de la cárcel a recibir el acta de eurodiputado y para hacer efectiva la inhabilitación por desobediencia de Quim Torra.
Todo eso se sustanciaría, en teoría, en pleno debate de investidura, y Esquerra tendría difícil apoyar a Sánchez en caso de que la Junta diera la razón a PP y Ciudadanos.
Mas no por ello decayó el optimismo de la portavoz, que dejó caer tras el Consejo de Ministros que esperan que el lunes, tras una semana de espera, se conozca el informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia de la corte europea que reconoce la inmunidad de Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado electo. Esquerra reclama que ese informe refleje el cambio de rumbo del Gobierno, y aunque solicitan hasta la anulación de la sentencia a 13 años de prisión de su líder, se conformaría con que la Abogacía respalde que sea excarcelado para que recoja su acreditación en Bruselas, reconocen en la formación republicana.
El Gobierno no espera grandes reparos de Esquerra al dictamen de la Abogacía. Si es así «daría tiempo físico» para llevar a cabo la investidura «cuanto antes», explicó la ministra portavoz. En el lenguaje monclovita, cuanto antes es empezar el debate el 2 de enero y concluirlo el domingo 5.
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