La extradición de Puigdemont vuelve a quedar en manos de la Justicia de Bélgica

Fue pasadas las nueve de la mañana cuando el Parlamento Europeo notificó con carácter oficial que retiraba la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí atendiendo así al suplicatorio que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitó al legislativo comunitario hace catorce meses. Puigdemont perdió la condición de aforado por 400 votos a favor frente a 248 en contra y 45 abstenciones.

Pero el fin de la inmunidad parlamentaria no conlleva la pérdida automática de su condición de eurodiputados. Mantendrán ese estatus aunque quedarán expuestos a las decisiones judiciales. La Eurocámara notificará de forma inminente a España que los eurodiputados carecen ya de cobertura parlamentaria y, en consecuencia, podrán ser investigados o llevados a juicio. Y como en los tres casos tienen procesos judiciales abiertos en Bélgica y Escocia por el curso de euroórdenes de arresto y entrega, la reactivación de los procedimientos no tardará en producirse. Otra cosa es el resultado.

De hecho, que Puigdemont, Comín y Ponsatí hayan perdido la inmunidad parlamentaria no tiene, hoy por hoy, mayor efecto práctico que su hipotética detención si abandonan Bélgica salvo para asistir a sesiones plenarias en Estrasburgo (Francia). A partir de ahí el fin del privilegio les vuelve a meter de lleno en ese laberinto judicial en el que se llevan moviendo con soltura desde su huída de España en 2017. Y eso deja abiertas todas las opciones, teniendo en cuenta que los jueces belgas históricamente no son muy proclives a atender los intereses de sus homólogos españoles.

El precedente más extremo es el de exetarra Natividad Jáuregui Espina, también conocida como 'Pepona'. Cuatro órdenes de extradición y casi cuarenta años prófuga beneficiándose de fallos eximentes de los tribunales de Bélgica, y un dictamen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que desautorizaba no solo a los jueces de este país sino que reprochaba falta de colaboración de sus autoridades con España.

Con los tres políticos catalanes la clave puede estar en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sintonice con los intereses españoles a la hora de responder a las cuestiones prejudiciales que ha trasladado el magistrado Llarena. Y las perspectivas tampoco son buenas. Entre otras cosas porque el último varapalo de los jueces belgas es reciente, del 7 de enero. Lo emitió un tribunal de Apelación, tuvo como protagonista a otro exconseller prófugo, Lluís Puig, acusado de un delito de malversación y venía a ratificar un fallo en primera instancia.

¿Los argumentos de aquella sentencia? Que el Tribunal Supremo español no tenía competencia para pedir la extradición sino «que debería ser juzgado por un tribunal catalán» y que su entrega a España no garantizaría la presunción de inocencia.

Pero con la retirada de la inmunidad parlamentaria se percibe que el segundo de esos planteamientos está invalidado. «Porque se niega que exista un ánimo de perseguir a Puigdemont y por tanto que necesite las garantías suficientes en España», explica Javier Zarzalejos, miembro de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Y el primero, también «queda bastante desactivado» porque Puigdemont, Comín y Ponsatí «son aforados a todos los efectos, con los mismos privilegios que cualquier eurodiputado o diputado español. Sería insólito denegar en este caso la competencia».