El siguiente paso de Llarena para extraditar a Puigdemont

El instructor del 'procés' ha planteado este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra los procesados, después de que la Justicia belga se negara a entregar al exconseller Lluis Puig hace unas semanas.

Llarena, que ya había planteado esta posibilidad a las partes recibiendo el apoyo de la Fiscalía, busca que el TJUE determine las razones por las que se puede rechazar una orden de detención y entrega europea. Entre otras cosas, el magistrado ha pedido a la corte de Luxemburgo que establezca si la autoridad judicial de ejecución, los tribunales belgas en el caso del exconseller Puig, puede cuestionar la competencia de la autoridad judicial de emisión, el Supremo español, para actuar en la causa penal concreta.

De forma paralela, fuentes jurídicas del alto tribunal han señalado que el instructor del 'procés' esperará a que la Eurocámara le comunique ocialmente que ha retirado la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí para solicitar a la Justicia belga que reactive las euroórdenes en su contra.

En suma, Llarena quiere involucrar al TJUE para, en caso de que le den la razón, corrija la posición de los tribunales belgas, que han venido rechazando la tramitación de la euroórdenes durante estos últimos años. En la Sala Segunda del Supremo consideran que sus colegas belgas se han excedido en la aplicación de este mecanismo de confianza mútua que es la OEDE.

El simple traslado de la cuestión prejudicial ya obligaría al Parlamento europeo a paralizar el procedimiento hasta que la corte de Luxemburgo se pronuncie. Los roces entre la justicia belga y española se remontan a 2018, cuando rechazaron por primera vez la entrega de los exconsellers fugados. Desde entonces, han respondido con una negativa tras otra ante las peticiones de entrega, la última en enero: la Fiscalía se negó entonces a recurrir la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia la extradición de Puig por un delito de malversación.

Pero ante la posibilidad de que la historia se repita con Puigdemont, al que piden entregar por sedición y malversación, el juez Llarena quiere que el TJUE se pronuncie contra la interpretación que ha hecho hasta ahora la justicia belga de las euroórdenes. También en el caso de Comín y Ponsatí.

El juez busca que el tribunal europeo establezca criterios estables que le permitan mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención contra todos o algunos de los procesados por el 'procés'. Todo ello a partir de la interpretación del Derecho de la Unión y las normas establecidas en torno los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

No sería la primera vez que el Supremo lanza una cuestión prejudicial a la corte de Luxemburgo en relación al 'procés'. En julio de 2019, el alto tribunal atendió la petición de Oriol Junqueras y trasladó la consulta sobre el alcance de su inmunidad y, en concreto, sobre la concesión del permiso extraordinario de salida de prisión que solicitó para cumplir con los trámites de eurodiputado.

En diciembre de ese año, el órgano supranacional dio la razón al líder de ERC: «Una persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales, de modo que goza de las inmunidades». Para entonces, Junqueras ya había sido condenado a 13 años de prisión y su excarcelación quedó descartada.