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Las llamas lo arrasaron todo, pero no a todos. Sin duda, una de las grandes preocupaciones suscitadas tras el incendio de la antigua planta de Campofrío en Burgos fue la situación en la que quedaba el casi millar de trabajadores que en aquel momento trabajaban ... en la instalación. Unos empleados que de la noche a la mañana vieron cómo ardía su lugar de trabajo, con todo lo que ello supone.
Sin emabrgo, las primeras dudas duraron poco. Y es que, los responsables de la empresa comprometieron públicamente, ya el primer día, que volverían a levantar la fábrica en el polígono de Gamonal. Apenas tres días después, el director general de Campofrío España, Ignacio González, garantizó a los trabajadores que la empresa no extinguiría ni un solo contrato.
Lo hizo con luz y taquígrafos, durante una asamblea multitudinaria celebrada en el Fórum Evolución que tranquilizó, en parte, a los empleados. El compromiso era firme: derruir las antiguas instalaciones y levantar una nueva fábrica en la que pudieran volver a trabajar todos los empleados.
Sin embargo, la vuelta a la normalidad no iba a ser inmediata. Los planes de la empresa pasaban por construir la nueva planta en un plazo de dos años, sin duda un tiempo récord, pero durante el cual había que acomodar a la plantilla.
Y, tras numerosas reuniones con los representantes de los trabajadores, se articuló un plan basado en varios pilares. El primero pasaba por la garantía inicial de mantener los contratos de los 940 trabajadores que en aquel momento había en plantilla.
Algunos de ellos negociaron con la empresa jubilaciones anticipadas pactadas, mientras que otros se acogieron a un plan de recolocaciones temporales en otras plantas del grupo Campofrío. Este bloque fue finalmente de unos 160 trabajadores, desplazados en su mayoría a la fábrica de Carnes Selectas en Burgos y a la de Ólvega.
Al resto de la plantilla (774 trabajadores) se les aplicó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) mediante el que la empresa garantizó las cotizaciones a la Seguridad Social y un complemento a la prestación de 290 euros al mes en doce pagas. Aquellos que agotaron la prestación durante la aplicación del ERTE recibieron una ayuda pública de 426 euros en los primeros meses, y de 655 a partir del verano de 2016.
Al final, los planes de la empresa se cumplieron a rajatabla y la nueva fábrica se levantó en un tiempo récord. Así, a pesar de no estar a pleno rendimiento, la empresa volvió a dar de alta a los trabajadores afectados por el ERTE el 16 de noviembre de 2016, justo cuando se cumplieron dos años del siniestro. Eso sí, inicialmente, solo 318 de esos trabajadores entraron a trabajar. El resto lo haría de manera escalonada.
De esta forma, la nueva planta comenzó su andadura con alrededor de 150 trabajadores menos que la anterior. Por el camino quedaron algunos empleados prejubilados y otros que encontraron acomodo en otras empresas.
Menos suerte tuvieron parte de las empresas auxiliares de Campofrío, así como los proveedores. Y es que, aunque en muchos casos se consiguió derivar la actividad a otros lugares, lo cierto es que muchas pequeñas y medianas empresas dependian directamente de Campofrío. Y de la noche a la mañana dejaron de prestar servicio. El golpe, en este caso, fue muy importante.
Sin embargo, la crisis abierta durante todo el proceso permitió generar actividad en otros frentes. Así, los trabajos de reconstrucción y equipamiento de la nueva factoría, en los que colaboraron numerosas empresas del entorno, permitió amortiguar parcialmente el golpe sufrido tras el incendio.
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