Burgos sigue en el podio de quejas enviadas al Procurador del Común

El 27,87% de las quejas fueron presentadas contra la administración local, el 13,66% tenían Sanidad y Consumo como sección afectada y el 12,02% eran por temas de empleo público. Además, la administración local tiene más de la mitad de las quejas, el 50,82%, después las quejas se centraban en la administración autonómica, el 37,7%. Además, la mayoría de las quejas las presentan personas individualmente.

La contaminación por nitratos motivó el inicio de expedientes de oficio a finales ya de 2023 en relación con varios ayuntamientos de la provincia de Burgos, en concreto, con el Ayuntamiento de Villamayor de los Montes; con el de Tórtoles de Esgueva; el de Villafruela y el de Cilleruelo de Abajo. En todos estos casos, a la fecha de cierre del informe del Procurador del Común del año 2023, este no había recibido la información requerida a los citados ayuntamientos.

El Procurador del Común tramitó una actuación de oficio en la que se constató que en la Unidad de Salud Mental de Aranda de Duero solo se atendía en régimen ambulatorio a la población adulta (a partir de los 17 años), pese a que la atención en salud mental infanto-juvenil abarca hasta los 18 años. La población menor de esta edad debía desplazarse a la ciudad de Burgos para poder recibir asistencia especializada en la materia.

Según se explica desde el Procurador del Común, «esta situación demandaba un mayor esfuerzo de la Administración sanitaria para avanzar en la mejora del sistema de asistencia psiquiátrica, en particular en el caso considerado, en garantía del derecho a la salud mental de todos los niños y adolescentes, en condiciones de igualdad respecto de cualquier otra persona afectada por patologías psiquiátricas».

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) impone el abordaje, de forma precoz, de los problemas de salud mental desde las etapas de la infancia y la adolescencia, e incluyendo, así, una línea estratégica específica para hacer frente a los problemas de salud mental, en la que se establece la obligación de que la red de dispositivos de atención se refuerce a tenor de las necesidades de salud mental, tanto presentes como emergentes.

En este contexto, la intervención del Procurador del Común concluyó con una llamada a reforzar el compromiso de la acción pública en lo que se refiere a la salud mental infantil y juvenil en el marco de la política sanitaria de la comunidad.

Se recomendó a la Consejería de Sanidad la creación de un grupo de trabajo dirigido a revisar la asistencia sanitaria en salud mental específica para jóvenes y niños de la comunidad, realizando un diagnóstico de la situación con el desarrollo de indicadores que valorasen la magnitud del problema en el territorio. Además, de impulsar la elaboración y aprobación de un plan específico de atención a la salud mental para la población infantil y juvenil de Castilla y León como el que existe en otras comunidades. Además, se pide que se refuerce la red de recursos existentes, atendiendo, en particular, el caso de Aranda de Duero, con el objetivo de ajustar las condiciones del servicio a las necesidades reales.

Al cierre del informe, la Defensería se encontraba también a la espera de conocer la postura de la Consejería de Sanidad frente a estas recomendaciones.

En el ámbito de la atención residencial a las personas mayores, la problemática de las listas de espera para el acceso a centros residenciales públicos ha generado durante 2023 la intervención de esta Defensoría en relación con un caso planteado en Burgos. En el se daba a conocer la supuesta existencia de largas listas de espera para el acceso a las residencias de mayores dependientes de la Diputación, pese a contar todas ellas con un alto porcentaje de plazas sin ocupar.

El Procurador del Común confirmó esta situación y entendió que no podía prolongarse en el tiempo. Estimó que era necesario un impulso en la gestión de los ingresos en esos centros para avanzar con la mayor rapidez en la reducción de esas listas y, de esta forma, garantizar sin demoras la cobertura de la demanda real.

La Resolución que fue formulada con esta finalidad a la Diputación fue aceptada. El funcionamiento de la red de recursos residenciales fue la cuestión que en 2023 generó el mayor número de quejas en el epígrafe examinado. Así, de las 31 reclamaciones presentadas para la protección de las personas mayores, en 12 de ellas se reclamaba la intervención de la administración sobre este tipo de recursos para garantizar un trato adecuado y una asistencia de calidad a los residentes.