Recurso y queja ante el Procurador del Común por una oposición «injusta» y de «dudosa legalidad»

Patricia Carro

Burgos

Domingo, 11 de junio 2023, 14:06

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De despropósito e incluso chapuza califican los opositores la convocatoria de empleo público lanzada por la Junta de Castilla y León para cubrir 24 plazas de ingeniero técnico forestal. Más de dos años después de iniciarse el proceso de selección, este sigue sin estar resuelto, y con los aspirantes que lo han superado pendientes de plaza. Además, la fórmula planteada para la asignación de plazas es «injusta» y de «dudosa legalidad» pues incluye requisitos a cumplir por los aspirantes que no aparecían en las bases de la convocatoria de 2021.

El pasado 3 de mayo, mediante la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se dio a conocer la relación de los 22 aspirantes que han conseguido superar el proceso selectivo, junto con la oferta de puestos de trabajo. Es aquí donde los opositores han podido comprobar que solo seis de los veintidós puestos ofrecidos corresponden a servicios territoriales de Medio Ambiente, mientras que los dieciséis restantes son para centros de formación profesional agraria (dependientes de Agricultura). Y, para ellos, se exige disponer de un máster de formación de profesorado o equivalente.

Es decir, piden tener el CAP, la capacitación docente, denuncian los opositores, cuando en la convocatoria de las plazas el único requisito formativo era el título de ingeniero técnico forestal. Incluir ese nuevo título responde a un cambio en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura, indican los afectados, que se aprobó en octubre de 2022, dos meses después de que se hiciera la última prueba del proceso selectivo. Es, por tanto, un cambio en las reglas del juego en medio del partido, y con consecuencias importantes para los opositores.

«Se está dictando un acto de dudosa legalidad», insisten, que además va a generar una situación de «injusticia». De entrada, solo cuatro o cinco de los aspirantes tienen el máster, y son los únicos que pueden acceder a esas dieciséis plazas. El resto solo pueden acceder a las seis de los servicios territoriales y, tal como se recoge en la convocatoria, cada candidato debe consignar los puestos por orden de preferencia, indicando tantos puestos como el número de orden obtenido en el proceso selectivo. Así que los seis primeros escogerán esas seis plazas de los servicios territoriales.

Y la inmensa mayoría de los aspirantes se quedarán sin plaza, pero como un opositor que ha superado un proceso selectivo no se puede quedar sin plaza, la Junta hará una «repesca». Y es aquí donde llega la injusticia y se incumple el principio de igualdad, mérito y capacidad, denuncian. Se van a ofrecer otras plazas, de modo que aspirantes con peor calificación es posible que accedan a puestos mejores, en cuanto a nivel o ubicación. Esto es un «agravio» para los opositores de mayor calificación, insisten, y en general una irregularidad: los aspirantes tienen que poder elegir entre el total de las plazas ofertas, por escrito orden de puntuación, y no en dos fases.

Por todo esto, algunos aspirantes ya han presentado el correspondiente recurso de reposición y una queja ante el Procurador del Común. Afirman que esta no es la primera ocasión en la que Junta actúa de este modo, y ha perdido sentencias, pero para que rectifique hay que acudir a los tribunales y el proceso se dilata en el tiempo. Y bastante retrasado va ya, teniendo en cuenta que la convocatoria se publicó en marzo de 2021 y, a estas fechas, está pendiente de resolver ya que los aspirantes acaban de remitir las instancias con sus preferencias.

Los afectados por este proceso selectivo critican que la Junta lo esté utilizando como un parche para cubrir la carencia de personal docente en las escuelas de formación, que además no dependen de Medio Ambiente sino de Agricultura. Es una «chapuza», afirman, además de una «irregularidad» pues, al resolver la convocatoria, incluyen una exigencia académica a mayores que limita el acceso a las plazas públicas. Tampoco el temario tiene relación alguna con la actividad docente, pues la oposición era para ingenieros técnicos forestales.

Además, mientras intentan cubrir ese déficit en las escuelas no abordan el problema de la falta de personal en los servicios territoriales, que se encuentran «desbordados», lamentan los afectados. Y tienen a 22 profesionales, con plaza, esperando a que les dejen ponerse a trabajar.