Sanción de 5.800 euros a la protectora que gestiona la perrera por desatender a los animales

Patricia Carro

Burgos

Jueves, 7 de julio 2022, 11:40 | Actualizado 18:26h.

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El Ayuntamiento de Burgos ha acordado imponer penalidades a Spa Scooby, la empresa contratada desde marzo para la recogida de animales de compañía y control de las colonias felinas de la ciudad (y, por tanto, de la perrera municipal), por incumplir el contrato. Han cometido un total de doce infracciones, seis leves y seis graves, desde que se hicieran con el servicio el pasado 10 de marzo.

La portavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, ha explicado que se cuenta con sendos informes del jefe del servicio de Medio Ambiente y Sanidad y de la técnico veterinaria en los que se constata falta de atención a los animales y retrasos en la recogida y entrega de los mismos. Denuncias que también habían llegado al Ayuntamiento a través de Voluntarios Animales Burgos.

De las seis infracciones graves cometidas, según ha explicado Barrio, tres son pro falta de atención, otras dos por desobediencia de las disposiciones dictadas por el Ayuntamiento sobre las anomalías observadas en la prestación del servicio y, la sexta, por no prestar el servicio conforme a lo dispuesto en el pliego que regula el contrato y desobedecer al Consistorio.

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Las seis leves son infracciones cometidas por la realización de servicios de recogida excediendo plazos. Como han denunciado Voluntarios Animales Burgos en BURGOSconecta, ha habido numerosas quejas (algunas han llevado aparejada incluso la intervención de Policía Local) por no responder a las llamadas para recoger animales o tardar en entregarlos, pese a haber autorización municipal.

Ante esta situación, viendo que se incumple el contrato de manera recurrente, se ha abierto ese expediente de penalidades, que supone una multa de 5.819 euros. Se trata del 4.1% del canon anual que recibe Spa Sooby, 141.931 euros, y que se detraerá bien de la garantía bien de la próxima certificación que les remita la empresa por el servicio municipal.

La imposición de penalidades se ha acordado en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves. La decisión se comunicará a la empresa, que dispondrá de diez días para formular alegaciones. Nuria Barrio ha recordado que «si la empresa no regulariza la situación y cumple con el contrato en todos sus términos, incluso se podría rescindir el mismo».