Rodríguez-Vigil se enfrentaría a la inhabilitación si se confirma la prevaricación por omisión

El informe del letrado municipal, emitido este lunes a petición del alcalde, Daniel de la Rosa, reconoce que los datos de los que se dispone hasta el momento «apuntan a un posible delito de prevaricación por omisión». Delito que conllevaría, en caso de condena, una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que podría aplicarse por un periodo de nueve a quince años. Pena importante habida cuenta de que Rodríguez-Vigil es funcionario público.

Eso sí, insiste el letrado municipal en que «es preciso corroborar los hechos relatados en el correo electrónico, así como el conocimiento y la consciencia del entonces concejal del alcance e implicaciones de la conducta que se le atribuye y ausencia de justificación de la misma», como paso previo a llevar el caso a los tribunales si se estima oportuno.

El propio responsable de la asesoría jurídica municipal insiste en que la investigación parte del contenido del correo electrónico enviado al alcalde por una funcionaria el 14 de octubre. En el mismo, se indica que unos días antes (el 11), el concejal habría sustraído dos certificaciones del expediente referido al establecimiento de hostelería Carpanta, iniciado a petición de la Junta para la tramitación de una sanción por incumplimiento de los aforos.

De dicho mail «se desprende, en apariencia», tanto una negativa del concejal a firmar las certificaciones como la voluntad de que no se emitiesen, de ahí el hacerlas desaparecer, habida cuenta de que sin las certificaciones firmadas la Junta no puede continuar con el expediente sancionador. Hasta ahí los hechos relatados en el correo electrónico, insiste el letrado municipal, base de la investigación lo que no implica su «aceptación» pero tampoco se pone en cuestión lo indicado por la funcionaria.

De ahí la necesidad de confirmar los hechos denunciados, con testimonios y documentación, antes de poner en conocimiento de la justicia el caso. Y es importante comprobar qué ha pasado exactamente y por qué, dado que si bien la investigación se centra en un posible delito de prevaricación por omisión, los hechos relatados por la funcionaria han rozado otros dos delitos: el de infidelidad en la custodia de documentos, en su modalidad de ocultación, y el de cohecho.

La negativa a firmar las certificaciones, sin causa justificada (y en el correo no se observa dicha causa), supone un incumplimiento de las funciones como concejal e impide la tramitación del expediente. El hecho de sustraer las certificaciones podría llegar a ser constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, en la modalidad de ocultación, pero al no estar firmadas (que es lo que les otorga validez), el letrado municipal considera que, «en apariencia», se estaría ante un delito de prevaricación por omisión.

Ahora, toca esclarecer si hubo esa sustracción y si existió o no justificación para no firmar las certificaciones, y si el edil era consciente de que su firma era indispensable para continuar con la tramitación del expediente. Y es que, según se apunta en el correo electrónico, la negativa a firmar y la sustracción «obedecerían a un aparente propósito de beneficiar al establecimiento hostelero», lo que llevaría a pensar en un delito de cohecho si hubiera habido algún tipo de dávida, que no se indica.

Así las cosas, y con el informe del letrado municipal en la mano, el alcalde ha procedido a citar a los funcionarios implicados y al propio concejal Julio Rodríguez Vigil, que deberá de comparecer el 2 de noviembre. El edil ya ha anunciado que irá, acompañado de un abogado, y que se reserva el derecho a cualquier acción para defender su honor ante «las falsas acusaciones» vertidas sobre su persona. Insiste en que «se querellará contra quien le injurie» y él se está sintiendo injuriado.