Podemos exige obligar a las empresas a retomar la urbanización pendiente en Fuentecillas

Arroyo ha recordado que ha sido la polémica de la ubicación de las barracas la que ha puesto de manifiesto la «desprotección» de los vecinos de Fuentecillas, a quienes se están negando unos servicios por los que, ha recordado, «el Ayuntamiento ya ha pagado», motivo por el que es «urgente» que se inste a la UTE, formada por MBG, Copsa e Hipólito García Arquitecto a cumplir los acuerdos alcanzados.

La última recepción parcial de las obras se produjo en 2013, momento en el que un informe técnico del Ayuntamiento puso de manifiesto diversas carencias: ausencia de la central de recogida neumática de basuras, red de riesgo, césped y semilla definitiva en jardines y alcorques, cableado del alumbrado, bancos, papeleras, conclusión de la zona infantil, rehabilitación de la antigua ermita de Las Rebolledas, instalación de arte urbano y construcción de un centro de día.

Tras esto llegaron al área de Urbanismo, diferentes quejas vecinales, pese a lo cual no se avanzó en la urbanización. Y en febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, se firmó un acuerdo con las tres empresas que quedaron viva de una UTE que, en sus orígenes, contaba con seis. En dicho acuerdo se establecía un calendario de ejecución, un reparto de inversiones y la eliminación de algunos de los compromisos, como la recogida neumática, con pago al Ayuntamiento.

Pese a todo ello, como señala Marga Arroyo, «los vecinos de Fuentecillas son testigos directos de que nada más se ha hecho» y de que estos plazos se han incumplido en 2020 (210.265 euros) y 2021 (210.265 euros), «por lo que nada nos hace pensar que sí que se vaya a hacer en 2022 y 2023», ha dicho la portavoz municipal de Podemos. Es por ello que la concejala ha solicitado al bipartito que «inste a la MBG, Copsa e Hipólito García Arquitecto a cumplir con sus obligaciones».

En caso contrario, «se ejecute el aval, que si bien es nimio con respecto a toda la obra pendiente», sí permitiría comenzar a asumir las mismas para garantizar a los vecinos aquello a lo que tienen derecho. Este aval es de 312.386,74 euros, ha indicado.

Para Marga Arroyo, este caso demuestra «la falta de agallas o audacia» del equipo de Gobierno para enfrentarse «al lobby del ladrillo de la ciudad», quienes «la gobiernan sin presentarse a las elecciones», con los prejuicios que esta forma de actuar conlleva para los vecinos. «Observamos cómo en el caso de la fachada del Niño Jesús, las modificaciones del PGOU a la carta, el caso de la Torre Panorama o la urbanización de Fuentecillas, salen beneficiados unos pocos y se ven perjudicados siempre los mismos», ha concluido.