La liquidación del Plan Estratégico acabará en los tribunales

La propuesta defendida por el Partido Popular únicamente ha contado con el apoyo de Fernando Gómez, y de nada le han servido las explicaciones a Salvador de Foronda. El concejal de Hacienda ha defendido como única salida posible que el Ayuntamiento finalice la liquidación del Plan Estratégico, ante la «imposibilidad material» de hacerlo por parte de la comisión liquidadora.

No se dispone de liquidez para pagar a los acreedores, ha recordado, pues no se han conseguido cobrar los 1.065.000 euros que le deben entidades como la Cámara de Comercio, UGT, Junta de Castilla y León o Diputación de Burgos. La comisión liquidadora ha enviado más de una carta a los deudores, ha asegurado Foronda, pero no hay fondos económcios «porque quien debe no quiere pagar».

De ahí el intento de acudir a un concurso de acreedores, pero el Juzgado de lo Mercantil no lo ha aceptado, así que la situación lleva «inexorablemente» a que el Ayuntamiento subrogue la posición acreedora y deudora de la Asociación Plan Estratégico y finalizar el proceso de liquidación. Así ha sido refrendado también por el secretario general del Pleno, a su vez, secretario de la asociación.

Y así se planteó días atrás en la Comisión de Hacienda, donde se rechazó la propuesta, como ha sido rechazada esta mañana por PSOE, Ciudadanos, Imagina, Raúl Salinero, Blanca Guinea y Marco Antonio Manjón. La edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate se ha abstenido, frente a los votos a favor de PP y Gómez.

El socialista Antonio Fernández Santos ha insistido en que, de subrogarse los derechos y obligaciones de la comisión liquidadora, se podría estar incurriendo en un vicio de legalidad. La comisión se creó en 2017 para liquidar el Plan Estratégico, esto es, para que cobrase a los deudores y pagase a los acreedores. Y «ahora dice que pague el Ayuntamiento las deudas y aquí paz y después gloria», ha criticado el concejal del PSOE.

«La Asociación Plan Estratégico nunca ha prestado un servicio público ni era administración pública», así que no le corresponde al Ayuntamiento asumir esa responsabilidad. Y mucho menos asumir, al ser el deudor principal, el pago a los proveedores pues eso supondría que, de manera ímplicita, se esté perdondando al resto de entidades lo que deben de sus cuotas y aportaciones atrasadas. «¿Lo damos por perdido? ¿Lo perdonamos? El PSOE no lo perdona», ha insistido.

En similares términos se ha referido Gloria Bañeres. La portavoz de Ciudadanos ha criticado que la comisión liquidadora no haya asumido sus funciones, optando incluso por disolverle y pasarle el problema al Ayuntamiento. Sin embargo, esta actitud contraviene la ley, asegura, mientras insiste en que debería haberse recurrido la decisión del Juzgado de lo Mercantil para sacar el concurso de acreedores.

Y por su parte, Imagina reitera que deben ser los impulsores del Plan Estratégico los que asuman las consecuencias de su disolución. «La responsabilidad es de quienes lo crearon en su momento», ha apuntado Eva de Ara, quien también abogaba por haber agotado la vía del recurso que permitía el auto de lo Mercantil.

Salvador de Foronda ha insistido en que el Ayuntamiento de Burgos es responable de lo que ocurra con el Plan Estratégico, entre otras cuesiones, porque acordó de manera unilateral abandonar la asociación y reitrar sus aportaciones, y eso la condenó a quedarse sin liquidez, impidiendo realizar el pago a proveedores.

Tampoco ha cumplido con sus aportaciones pasadas y la única solución pasaba, como indicó el secretario en su momento, por liquidar al modo de la Fundación Proyecta Burgos. Así, el verano pasado se planteó una aportación municipal de 210.000 euros para afrontar la deuda con proveedores y liquidar la entidad. La oposición lo rechazó y, ahora el caso acabará ante la justicia.

«Vamos a tener que ir a juicio, pagar intereses, abogados, procuradores, costas judiciales... y esto va a costar 600.000 euros», ha asegurado Foronda. «Había que haberlo hecho bien, poner el dinero y dejarlo liquidado», pero no se hizo así. No se aceptó liquidar el año pasado con 213.000 euros y ahora la deuda asciende a 387.000 y «la última palabra la tendrá el juez».