La liquidación de la Fundación Proyecta, ¿un modelo a seguir con el Plan Estratégico?

Días antes de la comisión de Hacienda en la que se planteó el expediente de modificación de crédito (que fue rechazado por la oposición), el alcalde Javier Lacalle remitió un escrito al interventor para incorporar en el presupuesto municipal una partida «para dar respuesta a todos los proveedores que proceda y que en modo alguno deben verse perjudicados por la situación de liquidación« del Plan Estratégico.

La petición se basaba en un informe del secretario general del Ayuntamiento, que reconocía que se debería de dotar de liquidez a la asociación, «como se hizo recientemente en un caso similar como la Fundación Proyecta Burgos, con independencia de lo que se pueda reclamar a otros integrantes«.

El Ayuntamiento no es el único socio del Plan Estratégico, ni tampoco el único que debe sus cuotas, pero sí quien puede dotar de liquidez de manera más inmediata al Plan Estratégico. También es quien más adeuda, unos 788.000 de los 1.065.219 euros pendientes, de ahí que se haya intentado apostar porque lleve la iniciativa de pago como se hizo en la liquidación de Proyecta Burgos.

El escrito remitido por Lacalle al interventor recoge textualmente el informe del secretario, que apunta que «por parte del Ayuntamiento se debería seguir el mismo criterio que siguió la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2016, en la que se acordó literalmente la aportación correspondiente al ejercicio 2016«, y contemplada en el presupuesto, »para proceder a la extinción y liquidación de la Fundación y poder pagar a proveedores y acreedores«.

La disolución de la Fundación Proyecta Burgos se acordó en enero de 2016. Entonces, la entidad debía 328.000 euros a acreedores, pero sus socios y colaboradores le debían unos 800.00 euros, la mayor parte del Ayuntamiento de Burgos, cuya deuda ascendía a 667.000 euros, según la información que manejaban los partidos políticos en aquellos momentos. También le debían la Diputación y el Plan Estratégico.

En septiembre de 2016, la Junta de Gobierno acordó realizar la aportación de 500.000 euros correspondiente a ese ejercicio y, así, contar con liquidez para afrontar las dudas. Entonces, los partidos denunciaron que dicho acuerdo se había tomado en contra del criterio técnico, pues se habían detectado fallos en las justificaciones de 2012, 2013, 2014 y 2015, y retrasos en la fiscalización de las cuentas.

Proyecta Burgos recibió las aportaciones pendientes, pagó a sus acreedores (salvo a un grupo al que no consiguió localizar) y se dio por liquidada en diciembre de 2018, con un superávit de 163.000 euros, que fue a parar a las arcas municipales.

Con estos antecedentes, el secretario proponía que el Ayuntamiento aportase esos 210.000 euros, la deuda acreditada, para dotar de liquidez al Plan Estratégico y saldar las cuentas. Sin embargo, la oposición rechazó la propuesta, como la semana pasada rechazó también la sucesión universal de derechos y obligaciones de la comisión liquidadora, y que supone que el Ayuntamiento se encargaría de liquidar el Plan Estratégico y la comisión se disolvería sin haber realizado el trabajo para el que fue creada en abril de 2017.

En estos momentos, el Plan Estratégico debe 387.491 euros, aunque Intervención no quiera reconocer como acreditada la totalidad de la deuda. En sus últimos informes, en los que fiscaliza las cuentas de 2013, 2014 y 2015, excluye algunas deudas por falta de justificación o justificación inadecuada.

Unos informes que se emitieron el pasado 2018, a petición del alcalde, precisamente dentro del proceso de liquidación y para saber qué aportaciones tenía que hacer el Ayuntamiento, y que demuestran el retraso en la fiscalización de las cuentas. Un retraso que ha sido, en parte, el responsable de que el Ayuntamiento haya llegado a acumular 788.000 euros de deuda, más otros 250.000 «dudosos», pues las aportaciones comprometidas anualmente se han ido aplazando hasta contar con la fiscalización de Intervención y el visto bueno para realizarlas.