Miembros de la Liquidadora del Plan Estratégico pidieron reclamar las deudas por vía judicial

Y es que la oposición asegura que la comisión liquidadora no puede autodisolverse, como ha propuesto, sin haber cumplido antes las funciones para las que fue creada el 7 de abril de 2017, días después de que la asamblea general acordase la disolución del Plan Estratégico. Entonces, en sesión ordinaria de la Junta Directiva, esta tomó acuerdo de reconvertirse en comisión liquidadora, tal como recogen los estatutos del Plan Estratégico, para proceder a la liquidación y extinción de la asociación.

Sin embargo, dos años más tarde, no se han cumplido con ese mandato. Plan Estratégico todavía debe a sus acreedores esos 387.491 euros, mientras que catorce entidades le deben eses 1.065.219 euros, siendo el mayor deudor el Ayuntamiento de Burgos. Su deuda asciende a 788.000 euros, más otros 250.000 «dudosos», pues Intervención ha echado para atrás aportaciones municipales alegando que hay facturas y gastos que no están debidamente justificados y, por tanto, no procedería liquidar las cantidades municipales.

La pregunta clave es cómo es posible que, dos años más tarde, todavía no se hayan regularizado las cuentas de la Asociación Plan Estratégico. Y la respuesta es más sencilla todavía: no se han reclamado, por todas las vías que la comisión liquidadora tiene a su alcance, las cuantías pendientes. Y eso pese a que sus miembros exigieron en 2017 que se reclamasen los pagos, incluso por la vía judicial, si así fuera necesario.

Así se recoge en el acta de la reunión de la Junta Directiva del 7 de abril de 2017, a la que ha tenido acceso BURGOSconecta, en la que se constituyó la comisión liquidadora. Los representantes de FAE y la Fundación Cajacírculo insistieron en que no hacía falta pedir ningún tipo de informe, «hay que dirigir un requerimiento de pago de todas las cantidades adeudadas», apuntaba el represente de FAE, mientras que el de la Fundación Cajacírculo (Luis Bausela) decía que «debe reclamarse el pago de todas las deudas y, en su caso, proceder a la posterior reclamación judicial».

Y se aprobó por unanimidad de la comisión liquidadora que se remitiese reclamación de pago de las deudas y que la llegada de ingresos sirviera para ir pagando las facturas de proveedores y contratistas. Y ahí se quedó todo. A fecha de abril de 2017, eran 28 las entidades que debían al Plan Estratégico 1.130.191 euros, de los cuales, 1.058.866 correspondían al Ayuntamiento de Burgos. Las deudas venían desde el año 2012, en la mayoría de los casos, aunque algunas procedían de 2011, unos atrasos importantes que podrían haber hecho que, a día de hoy, estuvieran prescritas.

En el último recuento realizado, con fecha 28 de febrero de 2019, entre las entidades más deudoras, al margen del Ayuntamiento, se encuentran la Diputación, con 16.525 euros; la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, con 15.775 euros cada una. También le deben 7.128 euros la Fundación Proyecta Brugos, 3.600 euros la Federación de Vecinos, otros 3.150 la Federación de Empresarios de la Construcción, 2.550 UGT o 2.500 el Grupo RICE. Con cantidades menores están el Instituto Tecnológico de Castilla y León (1.350 euros), Campofrío (1.500), OTR Operador Turístico de Receptivo (750) y CCOO (150 euros).

La mayoría ya eran deudores en 2017, aunque entonces había algunos más que, durante estos años, han saldado su deuda con el Plan Estratégico. Entre ellos, como se puede comprobar en el documento adjunto al acta del 7 de abril, empresas como Gonvarri, L'Oréal, Antolin, Adisseo o Bridgestone. También las fundaciones Cajacírculo y Caja de Burgos, el CEEI, la Universidad de Burgos o los colegios profesionales de economistas, Ingenieros Técnicos Industriales, Procuradores, Abogados o Mediadores de Seguros, quienes en su mayoría debían la cuota del último ejercicio, 2017. Lo mismo que el Ayuntamiento de Villalbilla o el Partido Popular.

La comisión liquidadora tenía la obligación de reclamar todas estas deudas, incluso judicialmente si era necesario, para proceder a pagar a proveedores y contratistas, que a día de hoy continúan esperando que se cubran sus facturas. Sin embargo, tras dos años, varios informes técnicos y jurídicos y un auto del juzgado de lo Mercantil, por el que se rechaza el concurso de acreedores, la comisión liquidadora propone ahora autodisolverse y que el Ayuntamiento la suceda en derechos y obligaciones.

Es decir, que sea el Consistorio quien liquide Plan Estratégico pues tiene el control efectivo de la entidad, encargándose de listar las deudas, comprobar si han prescrito, plantear su cobro o decidir pagar a los acreedores con las aportaciones municipales pendientes (si Intervención las autoriza). Esta situación podría suponer desde una «dejación de funciones» de la comisión liquidadora, como apunta Cs, a un «fraude de ley», como asegura el PSOE. Ambas formaciones insisten en que debe ser la comisión la que se encargue de la liquidación, de cobrar lo que se debe y de pagar a los acreedores, pues así se acordó en abril de 2017.

Precisamente, en el acta de la sesión del 7 de abril, uno de los miembros de la Junta Directiva también apuntó a que el acuerdo de la asamblea general, para la disolución del Plan Estratégico, podría ser incluso impugnable. Y es que se justificó en la falta de recursos económicos para continuar con la actividad (entonces solo contaba con 83.464 euros) y existía (como ahora) una importante deuda de socios que no habían pagado sus cuotas (o aportaciones), habiendo alternativas que no se habían examinado.