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La liquidación del Plan Estratégico de Burgos ha vuelto a enfrentar al Equipo de Gobierno del Partido Popular con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos. Después de que el juzgado de lo Mercantil rechazara la opción del concurso de acreedores ... para saldar la deuda del Plan Estratégico, que asciende a 387.491 euros, la siguiente propuesta ha sido que dicha deuda sea asumida por el Ayuntamiento.
En una reunión reciente de la comisión liquidadora, creada tras la decisión de disolver la Asociación Plan Estratégico, sus miembros han vuelto a poner de manifiesto que no se cuenta con recursos económicos para hacer frente al pago de esos 387.491 euros. Al Plan Estratégico le deben 1.065.000 euros miembros de la asociación que dejaron de pagar sus cuotas, siendo el principal deudor el Ayuntamiento, que debe unos 700.000 euros.
También adeudan, aunque cantidades más pequeñas, entidades como la Diputación, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio e Industria, UGT, CC.OO. o la Federación de Vecinos, ha explicado el concejal socialista Antonio Fernández Santos. La función de la comisión liquidadora era, precisamente, definir quién debía al Plan Estratégico y cuánto, y quién debía la asociación, y cuánto. E iniciar trámites para cobrar y pagar, ha insistido el socialista.
Sin embargo, no se ha hecho y, ahora, con informes técnicos y tras conocer el auto del juzgado de lo Mercantil, la comisión liquidadora ha tomado la decisión de disolverse y remitir al Ayuntamiento la propuesta de una sucesión universal de derechos y obligaciones, atendiendo a que Intervención y el Consistorio tienen el control efectivo de la Asociación Plan Estratégico. En el su auto, el juzgado insiste en que la entidad tiene personalidad jurídica propia con control efectivo del Ayuntamiento, ha explicado Salvador de Foronda
Así que se trataría de pasar el patrimonio, activo y pasivo, del Plan Estratégico al Ayuntamiento para que sea este el encargado de liquidar la asociación. Previamente, se tiene que acordar esa sucesión en el Pleno municipal, de ahí la propuesta debatida ayer miércoles en la Comisión de Hacienda, y que solo fue respaldada por el Partido Popular. De Foronda ha vuelto a criticar la actitud de la oposición y, sobre todo del socialista Antonio Fernández Santos, quien se ha enfrentado a la 'popular' Carolina Blasco y ha votado en contra.
Fernández Santos ha explicado que, a juicio de su formación, la propuesta puede constituir un fraude de ley, pues la comisión liquidadora se disuelve antes de cumplir con las obligaciones para las que fue creada, «pasándole el muerto al Ayuntamiento». La comisión tendría que forzar a los deudores a pagar al Plan Estratégico para que este pudiese cumplir con sus acreedores, ha insistido, y que no sea el Ayuntamiento quien asuma la deuda de la asociación. «Hay que intentar cobrar, es lo que dice la ley», reitera.
Sin embargo, De Foronda asegura que están cumpliendo con lo que dicen los técnicos y el juzgado de lo Mercantil, y acusa al PSOE de «mentir», pues se escuda en la legalidad cuando su decisión se basa en un enfrentamiento entre Fernández Santos y Blasco. De ahí que el concejal de Hacienda vaya a llevar la propuesta al próximo pleno municipal, con intención de aprobarla, aunque «lo tiene francamente difícil», explica Fernández Santos.
Y es que están también en contra Ciudadanos e Imagina. La portavoz de Cs, Gloria Bañeres, no comparte la decisión del juzgado de lo Mercantil de rechazar el concurso de acreedores y, por ese motivo, era partidaria de recurrir el auto, algo que no se ha hecho porque «no merecía la pena», según los abogados consultados por la comisión liquidadora. Bañeres también aboga por reclamar lo que se le adeuda a la asociación para que ella sea la que pague a sus acreedores.
La comisión liquidadora «no se puede disolver unilaterlamente», ha insistido, y está obligada a realizar toda la operación de liquidación hasta la extinción final de la asociación. Por su parte, Imagina Burgos coincide en los planteamientos de Cs y critica que se tomen decisiones sin contar con los grupos políticos, a los que luego se les pide que refrenden esas mismas decisiones.
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