Los funcionarios abren las comparecencias por el presunto trato de favor de Rodríguez-Vigil

El letrado municipal, en su informe del lunes, concluyó que existen indicios de un delito de prevaricación por omisión, pero ahora hay que comprobar los hechos denunciados en el correo electrónico de la funcionaria y dar voz al implicado para que dé explicaciones. «A ver qué dicen los funcionarios y cómo se defiende Rodríguez-Vigil», apunta Vicente Marañón, quien explica que el procedimiento lo ha marcado el letrado.

Al equipo de Gobierno le interesa aclarar lo sucedido en el caso Carpanta, el expediente abierto ante la petición de la Junta que tramita una sanción por incumplimiento de los aforos. Pero también saber cómo ha estado operando Rodríguez-Vigil durante el año que ha estado al frente de Licencias. «Ha sido un año duro», reconoce el vicealcalde, que les ha tenido a todos «con el corazón en un puño», sobre todo en el área municipal.

Los funcionarios han vivido con «tensión» y ahora han recibido la noticia de la dimisión de Rodríguez-Vigil con«alivio», asegura Marañón. Y es que, como se ha venido indicando desde la semana pasada, este caso «es el más grave y concreto», pero no sería el único sobre el que sobrevuelan sospechas. De hecho, en el propio informe, el jurídico del Ayuntamiento hace referencia a la transmisión de la licencia de otro establecimiento de hostelería, 'La Farándula', sin aportar más datos.

Marañón insiste en que el caso Carpanta es, por el momento, el único sobre el que se tiene información por escrito, el mail que envió la funcionaria el 14 de octubre, cuando comprobó tres días antes que dos certificaciones, pendientes de firma, habían desaparecido (de nuevo) y habían sido sustraídas por el edil, según denuncia. «Nos alarmó» y, enseguida, se puso el asunto en manos del letrado municipal.

Por eso es tan importante la comparecencia de los funcionarios de Licencias. Explicarán lo sucedido y aportarán las pruebas que estimen oportunas, pero también es posible que salgan a la luz otros casos sospechosos. «Quien hace un cesto hace ciento. No me extrañaría que hubiera más tomate», asegura Marañón, tras haber hablado con los funcionarios, de manera muy breve y sin entrar en detalle.

Solo se reunieron con ellos para explicarles la dimisión y «darles las gracias por ser valientes», pues sin su denuncia, no se habría sabido lo que estaba ocurriendo. «Estábamos preocupados», reconoce, y «los funcionarios tenían miedo», dado que Licencias es un área sensible. Ahora es el momento de dar explicaciones, aportar documentación y dar también la posibilidad al edil de explicarse, pues deben comprobarse los hechos denunciados pero también la intencionalidad para poder confirmar los indicios del delito de prevaricación del que habla el letrado.

Vicente Marañón reconoce que, ante esta situación, no quedaba otra que cesar a Julio Rodríguez-Vigil, aunque se le diera la opción de salir de manera digna, anunciando directamente su dimisión. «Con independencia del grado de detalle», insiste, «en su conjunto», los hechos conocidos conforman un «escenario muy preocupante», que hacían imposible que siguiera no ya en el equipo de Gobierno sino en la corporación. De ahí las críticas a su intención de quedarse como edil no adscrito.

«Es una anomalía», afirma el vicealcalde, pero también pone en una situación complicada a la corporación pues, a su juicio, «Rodríguez-Vigil tiene mucho peligro para él y para el Ayuntamiento». De momento, con la llegada de Miguel Balbás a Licencias se han firmado las certificaciones pendientes y se ha reactivado el expediente sancionador del Niño Jesús. Y, poco a poco, se irá avanzando.

Marañón apunta que no ha vuelto a hablar con Rodríguez-Vigil desde que le expusieron la situación y le preguntaron qué iba a hacer, algo que se negó a comunicar. Con quien sí ha hablado es con Francisco Igea, quien le recomendó que acudieran a la Fiscalía cuando tuvieran comprobados los hechos, a modo de un «aviso para navegantes». Y Marañón admite que «no pueden mirar para otro lado. Ni es su intención ni pueden», porque están obligados a denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento.