Illa desoye a las autonomías que reclaman un nuevo confinamiento domiciliario

Illa compareció ayer desde la Delegación del Gobierno en Cataluña un día después del clamor de una buena parte de ejecutivos autonómicos, que reclaman cambios en el estado de alarma para poder aprobar restricciones más severas. La pandemia se ha desbocado de nuevo. La tercera ola está registrando cifras récord de contagios, más de 40.000 en el último registro reportado por el Ministerio de Sanidad el viernes pasado, y la presión hospitalaria no para de crecer.

Hay unos 20.000 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y cerca de 3.000 personas en las UCI. La pandemia se ha descontrolado tras las Navidades y las administraciones autonómicas vuelven a pisar el acelerador en la toma de medidas más drásticas porque entienden que con las herramientas que proporciona el estado de alarma no tienen suficiente. Algunos gobiernos van más allá, y Andalucía, Castilla y León, Murcia o Asturias han pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vuelva a poner sobre la mesa el confinamiento domiciliario. Ciudadanos apoya esta reclamación y pide un «confinamiento inteligente». El PP, por ahora, guarda silencio. Organizaciones de profesionales sanitarios también presionan en este sentido.

Illa, de momento, no quiere oír hablar de encerrar a la gente en sus casas como en marzo. «No contemplamos un confinamiento domiciliario», aseguró.

El argumento que esgrime es que no fue necesario confinar a la población para doblegar la segunda ola y no lo será para esta tercera. El cierre total garantiza la contención del virus, pero tiene derivadas económicas, sociales y de salud mental. Illa reconoció en cualquier caso que las cifras a día de hoy son «muy preocupantes», con una incidencia de 575 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra que va a más. «Sabemos cómo doblegar esta tercera curva», afirmó el ministro.

Antes de esperar a que el Gobierno autorice el cierre total, algunas autonomías como Galicia, Castilla y León, Andalucía o La Rioja han reclamado y recomendado a su población a que se autoconfine. No es solo una cuestión de que la medida sea más o menos eficaz, sino que comporta dificultades políticas y jurídicas para el Gobierno pues un nuevo cierre de la población tendría que ser aprobado por el Gobierno y luego validado por el Congreso.

Illa, en cambio, sí que se abrió a revisar los horarios contemplados en el toque de queda del estado de alarma, y también a favor de la adopción de medidas adicionales, siempre con «cobertura legal», que sirvan y sean «eficaces» para doblegar la tercera ola. «Seguimos escuchando» a los gobiernos autonómicos, dijo. Pero advirtió de que si hay que adoptar «nuevas medidas», el foro para estudiarlo será como hasta la fecha el consejo interterritorial. «Si hay que revisar la franja horaria del toque de queda se hablará con las comunidades autónomas», afirmó. Castilla y León, por ejemplo, ya ha aprobado adelantar a las 8 de la tarde el toque de queda y Andalucía y Aragón lo reclaman al Ejecutivo central, que avisa que el toque de queda que contempla el estado de alarma es de 10 a 12.

Más optimista se mostró el ministro con la estrategia de vacunación. «Está funcionando», dijo. El 70% de las dosis suministradas por las compañías farmacéuticas han sido administradas, según sus cifras, y a su juicio ya se ha adquirido la «velocidad de crucero» en el ritmo de vacunación, con 90.000 personas diarias.

El objetivo, insistió, sigue siendo que el 70% de la población esté vacunada en verano y a corto plazo que haya más vacunados que contagiados. En los próximos días, anunció, el Gobierno dará a conocer los nuevos grupos para recibir las vacunas tras el primer sector de sanitarios y los mayores de las residencias. Avanzó además que mañana empieza la administración de la segunda dosis a los que ya fueron vacunados en primera instancia.