Las comunidades agotan su arsenal de restricciones del estado de alarma

La variedad de restricciones aplicadas por las administraciones regionales ha sido de lo más dispar, incluso en comunidades adyacentes. Desde prohibir fumar en las terrazas de los bares, a cerrar los centros comerciales los fines de semana, pasando por perimetraciones municipales o provinciales, cambios en las horas de los toques de queda, clausuras o más limitaciones a la hostelería, nuevas restricciones a las reuniones, cierre de espacios deportivos, limitaciones de horarios para los comercios no esenciales…

Pocas son las opciones que ya quedan mientras la incidencia acumulada y los casos siguen creciendo. Pero en Sanidad lo tienen claro: «Es pronto para ver el efecto de estas medidas». «Hay que esperar al menos dos semanas para ver los resultados de las restricciones». «Esta situación ya se vivió a principios de noviembre y al final, cuando se esperó a que las medidas surtieran efecto, logramos doblegar la curva sin necesidad del confinamiento domiciliario», insistieron ayer desde el Ministerio de Sanidad usando casi palabras idénticas a las que Salvador Illa utilizó el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial para frenar las ansias de las comunidades de contar con un nuevo marco normativo.

Illa no frenó, sin embargo, la ofensiva de las autonomías, que en las últimas horas insistieron en que la situación no es igual a la de la segunda ola porque el punto de partida es mucho más alto y porque la velocidad de los contagios es mucho mayor que entonces, probablemente espoleada por el efecto Navidad y la cepa británica. Andalucía, Castilla y León, Murcia, Asturias o el País Vasco han vuelto a alzar la voz para reclamar un nuevo decreto que, al menos, dé la oportunidad a las autonomías de tomar esas medidas.

La práctica totalidad de las regiones, incluidas las de Gobiernos socialistas, no ven con malos ojos la aprobación de un nuevo marco normativo que, insisten desde las consejerías, no tendría que implicar, ni mucho menos, un encierro domiciliario total como el de primavera. En la práctica, Moncloa se ha quedado casi sola en su defensa a ultranza de la actual situación que impide el confinamiento domiciliario.

Algunas autonomías, como País Vasco o Castilla y León, defendieron un nuevo estado de alarma que permita, al menos, los toques de queda antes de las 22:00 horas, tal y como fija el actual estado de alarma. Otras comunidades, según admiten en sus consejerías, contemplarían si se pudiese los confinamientos domiciliarios «cortos y quirúrgicos» solo en las zonas o municipios más afectados, siguiendo una tesis muy extendida en epidemiología de que los aislamientos son más útiles cuanto menor sea el área geográfica.

Ante la inamovible posición del Gobierno central, algunas autonomías directamente comenzaron a pedir a sus ciudadanos que se autoconfinen de forma voluntaria. Fue el caso, por ejemplo, de Galicia y Castilla y León, que reclamaron a sus vecinos que solo salgan de casa para trabajar, ir al colegio o a la compra.

«Tenemos que reducir la movilidad y el contacto social. Lo hemos pedido a la población y al Gobierno», clamó ayer el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, uno de los líderes autonómicos que con más insistencia está presionando para que Sánchez apruebe un nuevo estado de alarma. «Quienes más saben de la pandemia son los presidentes autonómicos, porque hemos gestionado en solitario. Cuando un presidente pide un confinamiento es porque lo necesita. Deberíamos tener herramientas para que los presidentes autonómicos hicieran propuestas de confinamiento en un municipio, o que el toque de queda en lugar de a las diez arranque antes, como en Francia», apuntó por su parte el mandatario gallego. «No se debería descartar un confinamiento en algunas comunidades, provincias o municipios», insistió Alberto Núñez Feijóo.

Así las cosas, curiosamente en este debate sobre la necesidad de un confinamiento domiciliario o no, los aliados del Gobierno no son los barones socialistas, sino los Gobiernos de Madrid y Cantabria que son los que, con más contundencia, defienden que volver al encierro en casa es una opción casi impensable porque lleva a la ruina.