El HUBU realiza abortos, pero solo farmacológicos antes de las nueve semanas de gestación

En la provincia de Burgos, hasta hace unos meses, solo se practicaban interrupciones del embarazo en el hospital público Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Las burgalesas que no optaran por este centro eran derivadas a una clínica concertada de Valladolid. Esta es la única que cumple con los requisitos, según señalan desde la Consejería de Sanidad, descartando que las burgalesas fueran trasladadas a Salamanca, como se había asegurado.

Desde hace seis meses, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) también practica interrupciones del embarazo, pero solo se ejecutan abortos farmacológicos. En cambio, en Miranda también se emplea el método quirúrgico. La diferencia entre ambos es que en el segundo caso se precisa de una intervención quirúrgica. En el caso farmacológico la interrupción se realiza con el suministro de fármacos, pero sin intervención. Otra de las diferencias son las semanas de embarazo hasta las que se puede optar por uno u otro método. El aborto quirúrgico se puede realizar hasta las 22 semanas y el farmacológico hasta las nueve.

De los tres hospitales de la red pública en Burgos: HUBU, Santiago Apóstol y Santos Reyes de Aranda de Duero, solo los dos primeros practican interrupciones voluntarias del embarazo. Pero solo el Santiago Apóstol realiza los quirúrgicos. En el caso de las burgalesas a las que no corresponde el hospital de Miranda, desde la Consejería de Sanidad se explica que las mujeres son derivadas a una clínica concertada de Valladolid.

Según las cifras aportadas por la Junta de Castilla y León, la última actualización es a fecha de 2020, faltarían por incluir las interrupciones voluntarias del embarazo de 2021, el 76 por ciento de los abortos a los que se sometieron las burgalesas en 2020 se realizó con financiación pública y en centros de Castilla y León. Este 76 por ciento supone 326 mujeres del total del año 2020, cuando 429 mujeres optaron por la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta reforma de la ley de salud sexual y reproductiva también quiere regular la objeción de conciencia, para que esta no suponga impedir el efectivo derecho de las mujeres a abortar. Se debe garantizar que el derecho al aborto no se vea obstaculizado o impedido por el derecho a la objeción de conciencia. Desde la Junta de Castilla y León no se aportan datos de los médicos objetores de conciencia respecto al aborto por protección de datos.