El TSJ tumba la licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda

La sentencia recoge que solo se debería de haber procedió a la concesión del permiso de primera ocupación, «una vez determinadas las licencias de obras y las obras ejecutadas realmente», ya que «resulta evidente que existen unas modificaciones del las obras amparadas en las licencias iniciales». En esta línea, el juzgado incide en que, además, el solicitante de la licencia aportó en octubre de 2014 un refundido final de obra, posterior a la concesión del permiso impugnado. Algo que, según la sala, «evidencia aún más que no podía haber obtenido la misma, sin determinarse previamente las obras ejecutadas, habiendo determinado e inspeccionado que las obras se habían ejecutado y, por lo tanto, si las mismas se adecuaban o no a las licencias». La resolución considera que todo ese proceso obligatorio por normativa «ha sido omitido claramente», por lo que se considera es «nulo de pleno derecho».

El TSJ estima, de esta manera, el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros contra la licencia de apertura del coso. Recurso que había sido desestimado en primera instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda se aprobó en una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014, solo con la presencia de cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo, pertenecientes todos al Partido Popular. En este caso, votaron a favor la actual alcaldesa, Raquel González y el todavía responsable de la Concejalía de Obras, Alfonso Sanz, junto a las ya ex ediles Azucena Esteban y María Ángeles Marín. No acudiendo a la cita los otros cuatro miembros, Ángel Calvo, CeliaBombín, Javier Rojas y Diego Velázquez.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros consideró que el asunto no se ajustaba a la legalidad y presentó un recurso Contencioso Administrativo. En el mismo se argumentaba que la concesión de la licencia de apertura y primera ocupación se había aprobado sin haberse realizado la pertinente inspección urbanística, con todos los informes jurídicos municipales contrarios, y con falta de documentación visada y certificada. Esos eran algunos de los aspectos principales que se esgrimían en el recurso que ahora ha sido tomado en cuenta por parte del TSJ.