La Plataforma por la Plaza de Toros pedirá a la Audiencia que reabra las diligencias contra la alcaldesa de Aranda

Además de la primera edil, el proceso afecta al actual concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz y a dos exconcejalas, quienes concedieron el permiso al coso en una reunión de la junta de gobierno local en septiembre de 2014. La plataforma ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial en contra del archivo y recuerda que la Fiscalía pedía la «declaración en calidad de investigados» de los cuatro denunciados para que «puedan dar explicación oportuna sobre los hechos denunciados, así como aportar la documentación que a su derecho convenga». Declaración que la Fiscalía consideraba que debía «efectuarse en presencia judicial por lo que hace preciso judicializar la instrucción».

En las diligencias abiertas, la magistrada sí llamó a declarar como testigos a dos empleados de la Concejalía de Urbanismo, el arquitecto municipal y la letrada urbanística. Según la Plataforma Ciudadana. Ambos, según fuentes de la plataforma, aludieron a aspectos pendientes en la ejecución de las obras y falta de informes a la hora de llegar a la concesión de la licencia de apertura. Una vez tomada declaración, la jueza procedió al archivo

La denuncia presentada por la plataforma detalla como el día 9 de septiembre de 2014, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Aranda, «con carácter extraordinario y urgente y con la participación de cuatro de sus ocho miembros», acordó la concesión del permiso de apertura del coso y sus anexos. A la comisión ejecutiva asistieron cuatro de los ocho miembros, la actual alcaldesa, Raquel González; el concejal de urbanismo, Alfonso Sanz y las ex concejalas Azucena Esteban y Mari Ángeles Marín, todos ellos del Partido Popular. Los otros cuatro miembros, también concejales del PP, se desmarcaron del asunto y no asistiendo a la votación.

La licencia, según el escrito, «se concedió a pesar de la existencia de informes elaborados por los técnicos municipales en los que se informaba que las obras no estaban finalizadas y con un informe jurídico evacuado por la letrada de obras adscrita a la unidad administrativa de Obras y Urbanismo en el que ratificaban».

En el informe de la abogada municipal se especificaba también que «para poder resolver los expedientes es necesario que se completen los mismos, como mínimo con las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias», detallando hasta cinco carencias destacadas. En concreto, al referirse a las actuaciones, alude a la necesidad de la finalización de las obras en el coso, la conclusión de las obras en los aparcamientos, la firma y visado de los planos modificados, un informe sobre el cumplimiento de la ley de ruidos, además de la pertinente inspección técnica y emisión de informes al respecto.