El juzgado investiga a la alcaldesa de Aranda por un presunto delito de prevaricación

En la denuncia se detalla como el día 9 de septiembre de 2014, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Aranda, «con carácter extraordinario y urgente y con la participación de cuatro de sus ocho miembros», acordó la concesión del permiso de apertura del coso y sus anexos. A la comisión ejecutiva asistieron cuatro de los ocho miembros, la actual alcaldesa, Raquel González; el concejal de urbanismo, Alfonso Sanz y las ex concejalas Azucena Esteban y Mari Ángeles Marín, todos ellos del Partido Popular. Los otros cuatro miembros, también concejales del PP, se desmarcaron del asunto no asistiendo a la votación.

La licencia, según el escrito, «se concedió a pesar de la existencia de informes elaborados por los técnicos municipales en los que se informaba que las obras no estaban finalizadas y con un informe jurídico evacuado por la letrada de obras adscrita a la unidad administrativa de Obras y Urbanismo en el que ratificaban».

En el informe de la abogada municipal se especificaba también que «para poder resolver los expedientes es necesario que se completen los mismos, como mínimo con las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias», detallando hasta cinco carencias destacadas. En concreto, al referirse a las actuaciones, alude a la necesidad de la finalización de las obras en el coso, la conclusión de las obras en los aparcamientos, la firma y visado de los planos modificados, un informe sobre el cumplimiento de la ley de ruidos, además de la pertinente inspección técnica y emisión de informes al respecto.

En la denuncia, la plataforma ciudadana concluye que los hechos que se exponen pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística y, por ello, solicita que se investigue al respecto. Las diligencias se han abierto en el juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero que será el encargado de investigar si hubo prevaricación urbanística en los hechos que se denuncian. Todo apunta a que se llamará a declarar a los investigados a los técnicos que puedan aportar datos sobre ese asunto. La licencia de apertura del coso taurino que, por cierto, también está recurrida en un proceso contencioso administrativo donde se pide la nulidad al considerar que en el proceso no se cumplió la legalidad.