Piden a la alcaldesa de Aranda que reincorpore a la letrada despedida dos días después de las elecciones

«Queremos manifestar como compañeros nuestro más sincero apoyo» a la letrada que «ya en su día fue despedida de manera arbitraria y sin previo aviso, con las consecuencias emocionales y económica que ello le produjeron». Tras el primer despido, recuerdan en el escrito, el Juzgado de lo Social falló a su favor. Ahora, «por segunda vez, el Ayuntamiento ejecuta esta nueva sentencia al día siguiente de ser dictada». Al respecto, los trabajadores de Urbanismo ponen de manifiesto que «no se han valorado adecuadamente las circuntancias de la ofician ni el atraso general que existe en cuanto a la obtención de licencias, obrándose sin tener en cuenta el trabajo que ella saca adelante y con el conseguiente perjuicio que esto supondrá para los ciudadanos».

En este sentido, recuerdan que la oficina de Urbanismo sufre una «acuciante» falta de personal, tanto administrativo como técnico y jurídico. «A lo largo de estos últimos cinco años se ha producido una acumulación de tareas debido, entre otras cosas, a que se han ido asumiendo nuevas tramitaciones que inicialmente no prestábamos como el cementerio, ocupación de vía pública o veladores», narran en el documento. Al respecto, añaden que a todo esto se suma la gestión de numerosos contratos de obra pública que han dado como reusltado «un exceso de trabajo inasumible» por parte del personal adscrito a este servicio.

«Nuestra compañera aprobó un proceso selectivo en julio de 2022 y volvió a incorporarse a esa oficina realizando las misma tareas, pero como funcionaria interina. Desde su reincorporación en esa fecha, la oficina «ha visto como expedientes que era imposible resolver por la falta de personal, salían adelante».

En esta línea, recalcan que la letrada cuenta con 19 años de servicio en el Ayuntamiento arandino. Este escrito se une al emitido por la Junta de Personal Funcionario y el Comité de Empresa de Personal Laboral del Consistorio, Un documento en el que solicitaban que «en aras al buen funcionamiento y la necesidad de personal de la oficina de obras y dado que la citada sentencia no es firme, se posponga la ejecución de la misma hasta que dicte un nuevo fallo».

Ya hace unos días, representantes sindicales mostraron su temor de que González utilizara sus semanas como alcaldesa en funciones para ajustar cuentas pendientes con algunos de los trabajadores municipales. Así lo confirmaron fuentes sindicales detallando que en los últimos días se habían perpetrado algunos hechos concretos que hacían pronosticar esa situación hasta la toma de posesión de la nueva corporación municipal el 17 de junio.

Aludían a asuntos como la notificación de la sanción de suspensión de empleo y sueldo de tres meses a un profesional del servicio de extinción de incendios amparándose en un expediente sancionador por obstaculización. Expediente que se inició para siete compañeros y se inició terminó ejecutándose solo para el portavoz de las reivindicaciones de los bomberos en contra del Ayuntamiento.

A eso se sumó también, la orden de Alcaldía, estando en funciones, para proceder al despido, por segunda vez, de la letrada urbanista ejecutando una sentencia judicial que no es firme. La letrada despedida había ganado en primera instancia la nulidad de su despido. Después, el TSJ ha anulado esta resolución para abrir una nueva prueba documental y dictar una nueva sentencia admitiendo un organigrama de Relación de Puestos de Trabajo aprobado tras el despido de esa empleada.