La letrada despedida denunciará a la alcaldesa de Aranda por «acoso laboral»

«Si tomamos en cuenta las fechas, la sentencia que declara la nulidad de la primera sentencia se notifica el 26 de mayo, especificando que hay diez días hábiles para presentar un recurso de casación ante el Supremo. El Ayuntamiento no ha esperado ni a que esta sentencia se declare firme», explica el abogado. Al respecto, añade que el plazo de interposición de recursos concluirá el 12 de junio, tiempo que amplía en el caso de acudir al Supremo. Ríos ve «una intencionalidad clarísima de quitar a la trabajadora de en medio» al ejecutar con una «velocidad inusitada» el despido.

«Había tanta prisa porque si se espera hasta el día 12, entre que se tramitan los escritos, se da traslado a las otras partes y se declara la firmeza, se hubiera superpuesto con la fecha de investidura, el 17 de junio. Como parece que no repetirá en su cargo, entonces no hubiera tenido la posibilidad de tomar esta decisión». Tras esta secuencia de hechos, el abogado confirma la decisión de acudir a la vía penal para «interponer acciones contra la alcaldesa, la secretaria General y los técnicos de personal que hubieran incurrido a favor de dar cumplimiento de esta sentencia sin ser firme».

El letrado considera que las decisiones tomadas con respecto a la trabajadora desde su primer despido «están viciadas con una clara discriminación en su contra, ya que, como todo el mundo conoce, informó en contra de los intereses que manejaba el Ayuntamiento bajo esta Alcaldía en la cuestión relativa a la plaza de toros». Asimismo, alude a la sorpresiva celeridad a la hora de ejecutar la misma cuando «todos en Aranda de Duero saben lo que le cuesta al Ayuntamiento y a su alcaldesa cumplir las sentencias judiciales. Eso es indicativo de que había una intencionalidad».

Se trata del segundo despido realizado por la actual alcaldesa de Aranda a esta trabajadora de la Oficina de Urbanismo. El primero de ellos tuvo lugar en diciembre de 2020. Un año y medio después se declaraba nulo por parte del Juzgado de lo Social. Una sentencia que ha anulado ahora el TSJ que pide que se emita una nueva resolución judicial aportando como prueba un organigrama de puestos de trabajo aprobado por el Ayuntamiento en noviembre del año 2022. «La sentencia en primera instancia era muy clara, había una clara discriminación en el sentido de que a otra empleada municipal en las mismas circunstancias no se le había despedido».

En esta línea, Ríos detalla que una vez conocida esa sentencia que anulaba el despido, el Ayuntamiento aprobó en pleno un organigrama con la pretensión, a su entender, de variar los defectos que achaca el juez. «El organigrama está aprobado dos años después del despido de la letrada y año y medio después del no despido de la otra trabajadora por los mismos motivos y con la que se hacía la comparativa. Por lo que ese documento que aportan de 2022 no tiene porqué influir en las decisiones que se tomaron en 2020 y 2021» considera.