Los trabajadores temen que González deje la Alcaldía de Aranda «ajustando cuentas pendientes»

Le quedan 18 días como alcaldesa de Aranda en funciones y los representantes sindicales temen que Raquel González vaya a «morir matando», ajustando cuentas pendientes con algunos de los trabajadores municipales. Así lo confirman fuentes sindicales, detallando que en los últimos días se han perpetrado algunos hechos concretos que hacen pronosticar esa situación hasta que tome posesión la nueva corporación municipal el 17 de junio.

El pasado jueves, dos días antes de las elecciones, el Ayuntamiento de Aranda notificó la sanción definitiva de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses a un trabajador del servicio de extinción de incendios amparándose en un expediente sancionador por obstaculización. Un expediente que se inició para siete compañeros y que terminó ejecutándose tan solo para el portavoz de las reivindicaciones de los bomberos contra el Ayuntamiento, en un acto que se considera «ejemplarizante» y para sembrar «el miedo» entre los compañeros.

Por otra parte, este martes, por orden de Alcaldía se procedió por segunda vez a despedir a una letrada urbanista, ejecutando una sentencia judicial poco más de 24 horas después de que se hiciera efectiva. La letrada despedida había ganado en primera instancia la nulidad de su despido. Después, el TSJ ha anulado esa resolución para abrir una nueva prueba documental y dictar una nueva sentencia admitiendo un organigrama de la Relación de Puestos de Trabajo aprobado tras el despido de esta trabajadora.

Empleada, por cierto, que estaba trabajando en el Consistorio tras ganar otra plaza a través de una bolsa de empleo dentro de la oncejalía de Urbanismo. Recientemente, había abandonado ese puesto para reincorporarse al anterior tras la orden de ejecución de la sentencia en primera instancia que anulaba su despido. Ahora, quedará fuera del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que la trabajadora y la primera edil habían tenido encontronazos después de que la letrada declarara en varios procesos relacionados con las licencias de la plaza de toros.

«En aras al buen funcionamiento y la necesidad de personal de la oficina de obras y dado que la citada sentencia no es firme, instamos al Ayuntamiento de Aranda de Duero a posponer la ejecución de la misma hasta que se dicte nuevo fallo en el Juzgado», piden desde la Junta de Funcionarios y el Comité de Empresa de Personal Laboral del Ayuntamiento en un escrito dirigido a la todavía alcaldesa.

Al respecto, recuerdan que el organigrama presentado en prueba documental ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es «un documento organizativo preparatorio para la elaboración de una futura Relación de Puestos de Trabajo. Nueva RPT que, según los representantes de los trabajadores, deberá ser «elaborada, negociada, dotada presupuestariamente y aprobada por el pleno municipal, y en la que se tendrá que incluir todo el personal existente en el Ayuntamiento de Aranda, ya que hay varios trabajadores en activo que no figuran en ese organigrama». En conclusión, según el escrito, el documento «no está respaldado por ninguna RPT vigente ni se ha dotado presupuestariamente».

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