El Ayuntamiento de Aranda tendrá que pagar cerca de 100.000 euros a los bomberos

La resolución judicial constata que la decisión tomada de forma unilateral por el gobierno municipal no se ajusta a «derecho», procediendo a su anulación. «Condenando a la restitución de las cantidades indebidamente deducidas en concepto de complemento específico de las nomina a partir de mayo de 2021 y ello hasta que se apruebe una RPT municipal en la que se fijen los importes diferentes previa negociación colectiva», refleja el fallo judicial. Además, el tribunal condena en costas al Ayuntamiento de Aranda, que tendrá que desembolsar 1.200 euros en este concepto

El sindicato CSIF, representado por el bombero sancionado con la suspensión de empleo y sueldo de siete meses, ha liderado este proceso judicial, al que también se ahderió Comisiones Obreras. «Los delegados sindicales volvemos a ganar una sentencia frente a los abusos del Ayuntamiento en materia de personal.», defienden los bomberos a través de una nota de prensa.

En la sentencia, el juez también llama la atención de que la bajada del complemento específico «no se ha sometido a una previa negociación colectiva», un trámite obligatorio. De esta manera, según los bomberos, la justicia «pone en evidencia una falta de voluntad de negociación por parte del equipo de gobierno, algo que hemos denunciado de forma reiterada». Aluden a este asunto y a otros como la ausencia de retén de guardia o las bases para sacar nuevas plazas.

«Cabe destacar que esta decisión ilegal se perpetró en el año 2021, siendo la actual alcaldesa, Raquel González, concejala de Personal. Por ello, hemos pedido y pedimos, la dimisión de la primera edil por su pésima gestión en materia de personal», denuncian desde el servicio de extinción de incendios. Asimismo, ponen en el punto de mira a los concejales de Personal, Vicente Holgueras y de Protección Ciudadana, Fernando Chico, que «han actuado como complices necesarios manteniendo en el tiempo esta situación que ahora la justicia anula».

De momento, el Ayuntamiento, en la última junta de personal funcionario celebrada esta semana, ha trasladado a los trabajadores que el Consistorio tiene intención de recurrir la sentencia. «Alargar el proceso judicial y seguir gastando el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Las costas y el pago de este nuevo proceso saldrán de las arcas municipales y, por lo tanto, una vez más, de los impuestos de todos los arandinos», lamentan.

En temas judiciales, hay que recordar que recientemente, el Consistorio arandino reconocía de forma expresa ante el juzgado Contencioso Administrativo, la ilegalidad del decreto firmado en abril de 2022 por la alcaldesa, Raquel González, que anulaba las vacaciones de los profesionales del servicio municipal de bomberos. Una decisión que estuvo vigente más de dos meses.