Piden investigar al Ayuntamiento de Aranda por ignorar los vertidos nocivos de una empresa

En el documento se detalla que el día 2 de mayo de 2013, el Ayuntamiento de Aranda concedió la licencia ambiental para centro de residuos industriales no peligrosos y planta de compostaje. En el proyecto de la instalación, según explican, figuran una serie de infraestructuras para garantizar el buen funcionamiento y evitar daños para la salud y el medio ambiente. También se garantizaba un proceso bien dirigido y una correcta elaboración del compost, sin generar «molestias, ni olores», y con residuos orgánicos no contaminados provenientes de la zona. Pero la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) constató que los residuos generaban anomalías en los pozos cercanos.

Los vecinos ponen en conocimiento de la Fiscalía, que «parte de esas infraestructuras no existían en el momento el inicio de la actividad, ni existen en la actualidad, por lo que entendemos que la actividad carece de licencia ambiental, pese a lo cual el Ayuntamiento permite el inicio de la actividad que sigue desarrollandose a día de hoy, sin tener tan siquiera licencia de apertura como reconoce el Consistorio».

Los afectados aluden a las múltiples denuncias presentadas contra la empresa y su actividad, que «constatan» el «incumplimiento» de la normativa de residuos y suelos contaminados. «No provienen de empresas locales, pese a lo cual siguen llegando, sin que ni la Policía, ni el Ayuntamiento hagan nada al respecto», lamentan. Por ello, consideran que el incumplimiento de la licencia ambiental, «así como el engaño en cuanto a la gestión de residuos, debería ser motivo suficiente para cuando menos paralizar temporalmente la actividad».

En lo que se refiere a la Junta, el escrito presentado a la Fiscalía relata que se autorizó el tratamiento de residuos en el año 2015, «teniendo constancia de que al menos desde 2010 viene realizando labores de gestión sin autorización». Es más, insisten en que la Administración Regional pudo comprobar insitu la situación. «Según la información facilitada por la Junta en 2018 ya era conocedora en base a denuncias, que se venían gestionando cantidades de residuos en la planta de compostaje, muy por encima de las autorizadas». A pesar de ello, los vecinos lamentan que ahora se pretende permitir una ampliación amparándose en que «no tiene efectos significativos» sobre el medio ambiente.

«Esa ampliación de la capacidad de tratamiento ya es para echarse a temblar, no solo no se corrigen las deficiencias en cuanto a la infraestructuras que arrastra desde el proyecto inicial, sino que parte de las instalaciones el promotor pide utilizarlas para otra cosa», censuran. Alertan de que volverá a producirse la «entrada indiscriminada de lodos, que no parecen ser tales por su estado extremadamente líquido, que creen que volverá a causar problemas».

Los afectados han presentado también un escrito en el Ayuntamiento, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Burgos Burgos y Dirección General de Calidad y Sostenibilidad de Castilla y León, mostrando su «profundo desacuerdo» con la ampliación.

Las denuncias por parte de los vecinos a la empresa Ecoaranda, se viene realizando desde hace años, en un tema que ha generado diversas actuciones. En agosto de 2020, dos agentes medioambientales, tras reiteradas llamadas de los vecinos, paralizaron cautelarmente la entrada de los lodos de naturaleza líquida, al comprobar que en una finca aledaña se estaban muriendo animales presuntamente por la ingesta de agua del pozo y que los vecinos estaban viendo contaminados sus pozos de abastecimiento de agua. Un proceso que se dejó prescribir, y terminó con una denuncia de la empresa a los agentes, a quienen la administración les negó la defensa y luego tuvo que indemnizarles con 12.000 euros.