Denuncian un vertedero ilegal de animales muertos junto a la «granja del terror» de Burgos

La ONG asegura que «las irregularidades encontradas no se limitan a los sucesos dentro de la explotación». «Fuera de ella, pegada a la misma verja, se abrió paso un vertedero ilegal de huesos, cráneos, columnas vertebrales y cadáveres en descomposición», añade Observatorio de Bienestar Animal. Señalan que estas nuevas imágenes corresponden a una investigación que tuvo lugar entre junio y septiembre de 2023 en la explotación porcina.

Tras la publicación de las primeras imágenes, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, afirmó que las imágenes eran «totalmente falsas», pero también aseguraba, a su vez, que correspondían a otra granja. Por ello, la ONG ha aportado un informe del Juzgado encargado al Seprona, del 30 de noviembre de 2023. Este informe se realizó por mandato del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lerma y en él se reconoce que «la granja inspeccionada y la que se presenta en el vídeo es la misma al coincidir en la mayoría de los escenarios».

Desde Seprona no hay pronunciamiento, el asunto está judicializado y este Cuerpo trabaja a las órdenes del Juzgado. Lo que sí se confirma es que se realizó un informe preliminar a petición del Juzgado.

Además, Observatorio de Bienestar Animal desvela que las imágenes que aportaron a la hora de presentar la querella contra esta granja contienen pruebas con GPS y periódicos en los que aparece la fecha. «Es también en base a dichas pruebas que esta querella se admitió a trámite el pasado viernes 1 de diciembre», apuntan desde la ONG.

A las imágenes que la ONG difundió hace unas semanas se suman estas que aseguran corresponden al exterior de la granja y a la forma de deshacerse de los animales muertos o enfermos. «Un cerdo se encuentra a la intemperie fuera de la explotación y se le deja morir de inanición. Las imágenes captan cómo el cerdo agoniza durante al menos 36 horas, incapaz de levantarse y sin acceso a atención veterinaria, comida o agua. El propietario pasa alrededor del animal varias veces sin inmutarse. Tras morir, el cadáver fue devorado por una bandada de buitres», relatan desde Observatorio de Bienestar Animal.

Apuntan que este hecho podría ser constitutivo de un presunto delito de maltrato animal con agravante de acción por omisión. De acuerdo a la normativa vigente, un animal gravemente enfermo ha de ser sacrificado en la explotación para evitar un sufrimiento innecesario.

La ONG asegura que la persona informante, esa persona que les dio aviso y les facilitó las pruebas, les ha declarado que «el monte colindante a la granja desprendía un fuerte olor de manera que acudimos a ver qué estaba ocurriendo. La imagen fue escalofriante: huesos, cráneos, columnas vertebrales y animales en descomposición se amontonaban desde la verja de la misma granja montaña hacia arriba. Pusimos cámaras en los árboles y desvelamos qué el propietario era quien estaba deshaciéndose de los cadáveres ilegalmente, llevando con su tractor los animales muertos al monte, cuando no lo veía nadie».

Esto podría suponer otra infracción de lo establecido en el Real Decreto que regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano y en el Decreto por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, medioambientales, penales o de otro orden que pudieran ocurrir.

Con respecto a la última auditoría de AENOR, Guillermo Moreno, director de Observatorio de Bienestar Animal, asegura que «es muy grave que la granja haya pasado satisfactoriamente la última auditoría de AENOR con fecha a 24 de agosto de 2023. Gran parte de las imágenes publicadas datan después de esta fecha, algunas incluso de tan solo seis días tras esta última inspección. No existía ningún tipo de control de las certificadoras sobre esta granja». Añade, además, que las inspecciones que se realizaron después de saltar las noticias o de que el propietario conociera la existencia de las imágenes «supone un riesgo para las pruebas de los delitos denunciados que presuntamente hayan podido ser ocultadas y eliminadas».