Personas vulnerables y migrantes tardan el doble que en 2020 en alquilar una vivienda en Burgos

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 18 de agosto 2024, 09:18

Comenta

Este mes de julio de 2024, el precio de la vivienda de alquiler en Burgos alcanzó el máximo histórico de 8,8 euros el metro cuadrado. Esta cifra es a nivel de ciudad, hay distritos en los que se pide y se paga hasta 10,6 euros el metro cuadrado, como en el casco antiguo.

La variación anual del precio del alquiler llega hasta el 8,4%. Es decir, en julio de 2024 se pagaba en la ciudad de Burgos un 8,4% más por el metro cuadrado al alquilar una vivienda, según el último informe del portal Idealista. El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene un apartado experimental, pero los datos no están actualizados, aun así, la imagen que ofrece es bastante clarificadora sobre el punto de inflexión en el precio de la vivienda de alquiler.

En el año 2020 la variación anual del precio del alquiler en la provincia subió un 0,4% para la vivienda unifamiliar y un 0,8% para la colectiva. Tras el año de la pandemia las subidas fueron más fuertes. En 2021, el alquiler aumentó un 1,7% para la vivienda unifamiliar y un 1,8% para la colectiva. En 2022, las subidas fueron del 1,5% para las unifamiliares y del 1,9% para las colectivas.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento licita cinco promociones para construir 251 viviendas en Burgos

Las 144 viviendas colaborativas de Villímar dan un paso más en su tramitación

Si buscamos en el portal inmobiliario Idealista, en la ciudad de Burgos solo hay tres pisos que se puedan alquilar por 500 euros o menos. El salario mínimo interprofesional se encuentra en 2024 en 1.134 euros repartidos en 14 pagas. Si aumentamos el máximo a pagar hasta los 600, el número de viviendas disponibles crece hasta las 36.

«Si la subida de los precios del alquiler la sufre la población general ¿cómo no la van a sufrir las personas más vulnerables?», evidencia David Polo, de Cáritas Burgos. Con ello, hemos hablado con dos organizaciones sin ánimo de lucro que tratan con perfiles vulnerables como son Cáritas y Burgos Acoge para poner luz sobre la realidad a la que se enfrentan estas personas.

«Con datos pragmáticos, durante la pandemia de la covid, los precios para alquilar habitaciones de lo más precarias estaban entre los 150 y los 180 euros. Esas mismas habitaciones están ahora entre 250 y 280. Es una subida de 100 euros en cuatro años y es de las más bajas que vemos», reconoce David Polo. «Hace unos días acompañamos a una persona que pagó 450 euros por una habitación porque iban dos personas a ese espacio. La vivienda ha subido mucho y también los subarriendos. El impacto ha caído más sobre esas habitaciones que muchas veces usan nuestros usuarios», señala Polo.

Lo que se observa desde Cáritas Burgos es que el proceso para salir del albergue y encontrar una vivienda o un lugar para vivir se está alargando ahora el doble, incluso cobrando el salario mínimo interprofesional. «Antes, con una paga o pensión de un mes salían y pagaban los dos meses que les pedía, ahora están pidiendo incluso tres meses de fianza. Estamos atendiendo a personas que necesitan el doble de tiempo para salir del albergue», añade.

Y eso si les dejan entrar en la vivienda, ya que los requisitos que los arrendadores se permiten pedir, ante la gran demanda de vivienda de alquiler, dejan a los usuarios de Cáritas en desventaja. «Contrato indefinido, ahorros para pagar varios meses de alquiler, no tener hijos, muchos piden directamente que sean estudiantes porque así se garantizan esos meses», explica David.

A toda situación injusta o desfavorable se suma, en el caso de los usuarios de Burgos Acoge, el prejuicio contra el que se considera diferente, contra la persona que viene de fuera. «La falta de confianza, el presuponer que la gente vulnerable es menos confiable, todo eso hace un cóctel que pone en una situación de mucha vulnerabilidad al colectivo de personas migrantes», explica Marta Martínez Klett, responsable de vivienda de Burgos Acoge.

«Tampoco da lo mismo que la persona sea chilena o argentina a que sea ecuatoriana o boliviana. Si nos venimos a Europa o Eurasia, no es lo mismo que la persona sea de la Unión Europea, a la que no vemos extranjera. Existe también una islamofobia absoluta porque existe un desconocimiento enorme de su cultura», matiza Marta Martínez.

A la hora de buscar una vivienda de alquiler existen también los prejuicios y el sentimiento de desconfianza. Hay microrracismos, «algo mucho más difícil de desmontar», añade Marta.

«Se presupone que hay posibilidades de que las personas extranjeras no paguen, estropeen la vivienda y la llenen de gente. Existen los mismos peligros de irresponsabilidad en los inquilinos nacidos en España que en las nacidas fuera. Pero si se ponen viviendas en condiciones indignas, poca oferta, subimos los precios, las personas, a veces, nos metemos en viviendas que no nos podemos permitir porque la alternativa es la calle. Y trabajamos eso con los usuarios para que no caigan en el error», relata desde Burgos Acoge.

El problema se retroalimenta solo, muchas viviendas se llenan de gente porque un solo núcleo de población no puede afrontar los precios que se están pidiendo.

Marta Martínez lleva once años trabajando en el área de vivienda de Burgos Acoge y reconoce que, cuando empezó, no se le ocurría acercarse a una inmobiliaria, «acompañábamos en un proceso a nivel particular. El trabajo era muy tú a tú. Nosotras entrenamos la entrevista con esa persona, destacando sus fortalezas, explicando sus derechos y deberes. Ahora hay menos oferta y las condiciones que se piden son exageradas. Pero es que las opiniones se han tenido siempre, pero ahora se manifiestan sin ningún tipo de pudor, aunque se esté intentando alquilar una infravivienda», añade.

Desde Cáritas y Burgos Acoge relatan una realidad que nos puede sonar, que podemos conocer, pero pasamos por alto, aunque esté sucediendo en el mismo rellano en el que vivimos, en la puerta de al lado. No se pide que se trate a las personas extranjeras, vulnerables o excluidas con condescendencia, solo piden condiciones de igualdad.

David Polo, desde Cáritas, advierte que el sinhogarismo que trataban antes desde esta organización, que era crónico, de transeúntes, se está ampliando a otros perfiles, a personas migrantes, a personas con trabajos precarios, a jóvenes que, en teoría, no tienen que estar en esa situación.

«Más allá de los índices de pobreza, tenemos los presupuestos de referencia para unas condiciones dignas. Ahí se recoge que los ingresos tienen que permitir afrontar la vivienda, la comida, la luz, el agua, la salud y, si tienes familia, su educación. Ahora la vivienda se está llevando más del 60%, con datos de noviembre de 2023. Las políticas públicas tienen que ser valientes y decididas», afirma Polo.

Ampliar

Las peticiones de Cáritas y Burgos Acoge

Las reivindicaciones de Cáritas Burgos para paliar esta situación coinciden con las de Cáritas España. Se centran en políticas públicas de vivienda, «valientes». «No vamos a negar que los parches actuales benefician, pero como no haya un despliegue de políticas públicas de vivienda social va a ser muy difícil y esto va a afectar en el sinhogarismo», señala Polo. «Se ha desplegado un escudo social, sí, pero no es verdad que esté llegando al bolsillo por la subida de absolutamente todos los bienes». Marta Martínez, de Burgos Acoge, señala que, más allá de las acciones individuales, la política tiene que afrontar la construcción de vivienda social. «Los precios están disparados porque no hay competencia, no hay regulación de precios. Este añadido a la ley de vivienda tiene partes buenas, pero hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, los gastos de la inmobiliaria en Burgos siempre los había pagado el inquilino, ahora la ley lo prohíbe, sí, pero solo lo exige como obligatorio en los contratos de larga estancia. Lo que hacen los arrendadores y permiten las inmobiliarias es firmar contratos de once meses cuando se saben que será para más tiempo», asegura. «Hay que dar con una normativa que deje de hacer sentir a las partes víctimas y que haga que cada parte se responsabilice de lo suyo. Estamos añadiendo vulnerabilidad cuando podríamos dar tranquilidad. Se necesita más vivienda social y no para casos de vulnerabilidad extrema, como ocurre ahora», apunta Martínez.