El TSJ autoriza las salidas de las residencias de mayores en Miranda a pesar de las restricciones

El Tribunal, no obstante, no ratifica la decisión del Ejecutivo autonómico de suspender las salidas al exterior de los residentes en los centros de personas mayores. Esta medida no se ratifica por cuanto supone una suspensión de derechos fundamentales. Sí valida que se restrinjan las visitas a dichas instalaciones.

En este sentido la sala explica que «podemos considerar como un hecho notorio que las personas mayores representan un colectivo especialmente vulnerable por razón de edad y, en ocasiones, por padecer patologías previas, que al mismo tiempo y por ello pueden ser un vehículo de transmisión de la enfermedad para otras personas mayores con las que conviven en tales centros y para otras personas. Igualmente, la configuración de tales centros, con muchos espacios comunes y la necesidad de convivencia entre las personas que allí residen, exige la adopción de medidas específicas y adecuadas para evitar la propagación de la enfermedad. Tales circunstancias justifican, a nuestro juicio, que se limiten las visitas y con ello el derecho de los residentes y de sus familiares o amigos a relacionarse y reunirse, teniendo en cuenta, además, que como las demás medidas está limitada en el tiempo y permite ciertas excepciones, tal y como ya razonásemos en el Auto de 24 de septiembre de 2020. Pero, dichas circunstancias no pueden llevarnos a permitir que se produzca una supresión total de sus derechos fundamentales, y en concreto de su libertad de movimientos (artículo 17 de la Constitución española), que es, en definitiva, la medida consistente en la suspensión de las salidas de los residentes al exterior».

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La Administración deberá comunicar a esta la Sala de lo Contencioso-Administrativo cualquier incidencia que afecte sustancialmente a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de alzar las mismas, al igual que deberá solicitar la ratificación de la prórroga de las medidas si fuera acordada por la Administración Sanitaria.

En su resolución los magistrados advierten a la Junta de que la solicitud presentada no explica qué derecho se ve afectado por cada una de las medidas, sino que lo plantea de una manera genérica y en relación a todas las medidas y subrayan la necesidad de que «la solicitud identifique qué medidas necesitan de la intervención judicial y qué derecho se ve afectado por cada una de ellas».