Vox solicita formalmente la reapertura de la central nuclear de Garoña

La iniciativa va un paso más allá de la posición que mantiene la coalición de PP y Vox en la Junta que hizo pública el jueves el consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo que apuesta porque se prolongue la vida útil de las centrales nucleares en funcionamiento. La propuesta que Castilla y León ha remitido al Gobierno de la nación para afrontar la crisis energética recoge en la medida número 7 la «reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear; tal y como dispone la Comisión Europea 'la decisión sobre el posible aplazamiento de la eliminación progresiva de las centrales nucleares cuando sea técnicamente viable es una opción política para los estados miembros'».

La instalación de Santa María de Garoña es propiedad de Nuclenor, sociedad formada por Iberdrola y Endesa. Lleva parada desde diciembre de 2012, pero en 2017 los responsables de estas empresas comunicaron su decisión de dejar de operar definitivamente y desmantelar la central nuclear. Las dos decisiones generaron fricciones con el PP de Castilla y León, a cuyo frente estaba Juan Vicente Herrera. En 2012, con Rajoy recién llegado a La Moncloa, desde la Junta confiaban en la continuidad de Garoña. Para ello era necesario modificar la normativa impulsada por Zapatero que iba a obligar a parar la actividad en la central seis meses después, en el verano de 2013. El Gobierno de Juan Vicente Herrera mostró entonces su malestar por esa decisión de parara que se tomaba antes incluso del plazo obligado. Las eléctricas desconectaron la central de la red sin autorización del Gobierno y eso les supuso una multa de más de 18 millones de euros, confirmada por el Tribunal Supremo.

Peor cayó en la Junta la decisión empresarial de 2017 de cierre definitivo de la central. En ese momento, desde el gobierno autonómico de Juan Vicente Herrera se habían hecho gestiones para la continuidad de la actividad para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy revertiera la decisión que cierre regular el cierre que firmó José Luis Rodríguez Zapatero, pero los propietarios anunciaron que ponían punto y final a la vida de Garoña. Eso provocó un fuerte encontronazo entre Herrera y el presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, cuando el dirigente del PP acusó a la eléctrica de no tener corazón.

La decisión de Nuclenor llevó a la Junta a modificar el impuesto que grava la afección medioambiental de las instalaciones de producción eléctrica, creado en 2012 y del que en origen Garoña había quedado eximida de pago, para que las propietaria de la central pagaran a la comunidad en concepto del depósito provisional de residuos por las barras de uranio que dejaban de servir de combustible. Esa decisión fue revocada por el Tribunal Constitucional en el verano de 2020, al entender que la comunidad incurría en doble imposición, puesto que existía un tributo estatal similar, y Castilla y León tuvo que reintegrar lo que habían pagado Endesa e Iberdrola abonando intereses a las eléctricas. La Junta reembolsó 28 millones del tributo más otro por los intereses.

La iniciativa de Vox reabre en la comunidad el debate sobre Garoña, central que abrió sus puertas en 1971. Hermana gemela, por el diseño, de la japonesa de Fukusima, cuando paró, era la central nuclear más veterana de España. Vox sitúa la iniciativa en el nivel autonómico, al solicitar a la Junta de Castilla y León que estudie la reapertura, pero la regulación de la que dependen estas instalaciones es estatal y la decisión final es de la propiedad.

La producción media de Garoña equivalía al 30% de la demanda eléctrica de Castilla y León o el 20% de la del País Vasco, según datos que ofrecía Nuclenor en su página web corporativa, que estimaba el empleo generado por la central atómica, directo e indirecto, en 1.600 puestos, con 190,7 millones de euros de efecto de actividad económica.