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La que fuera abadesa del Monasterio de Santa María Bretonera de Belorado, Laura García de Viedma, ha declarado a la jueza de Briviesca que no hubo engaño en la venta del oro del convento y no ha existido «ánimo de lucro y no puede existir delito». Así lo ha declarado su hermano y abogado Enrique García de Viedma tras la declaración a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la ciudad burebana.
Enrique García de Viedma ha recordado que la vista celebrada este viernes son diligencias previas por las que está investigada la líder de las cismáticas, a causa de la venta del oro del convento que está siendo investigado por la Policía Nacional.
Según ha asegurado, es una operación «normal» en la comunidad. El convento tenía unos fondos invertidos en oro en una entidad bancaria desde hacía tres años, cuando legal y canónicamente García de Viedma era abadesa. La venta se produjo a su nombre, dado que ha de ir a nombre de una persona física, cuando el Vaticano le retiró la autoridad sobre el convento y sus cuentas y bienes y la depositó en el comisario pontificio, para los conventos de Belorado, Derio y Orduña, Mario Iceta.
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La venta se produjo a decisión del convento para usar el dinero para «cosas del monasterio», ha declarado el letrado que ha omitido qué le ha dicho su hermana a la jueza por respeto al procedimiento.
El abogado entiende que Laura García de Viedma «podía disponer de su representación legal y tenía la perfecta capacidad de disponer de los bienes» del cenobio. Y ha abundado en que esta causa «es completamente artificial, puesto que está ocasionada por una intervención del monasterio totalmente innecesaria» a cargo del Comisario Pontifico, que «solo ha hecho que causar problemas» y ahora también una «causa penal sin ninguna necesidad».
En este sentido, monseñor Iceta también está investigado por el ejercicio de su cargo de comisario y su validez que está tanto en «litigio, tanto en un juicio civil y en otro contencioso administrativo», ha recordado Viedma, quien no ha querido hablar de conspiración ni persecución, pero sí que «esta estrategia de control del arzobispo Iceta se usa para presionar al monasterio».
Con respecto al procedimiento seguido por la Policía tras la venta, Viedma entiende que es el habitual. Y de cara al futuro de las actuaciones, éstas podrían pasar por pedir que se sobresea la causa, una posibilidad que está entre las opciones que se barajan.
En este entramado judicial entre las cismáticas y el Arzobispado está pendiente otra causa, la de las ex religiosas contra el responsable de la diócesis, Mario Iceta. El prelado está llamado a declarar el 6 mayo porque las exclarisas entienden que se excede en su responsabilidad.
En concreto, la denuncia es de la que fuera superiora del convento por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como por abuso de poder y por usurpación de la representación legal, por parte del monseñor Iceta.
Además, el 13 de mayo está fijada la vista por el desahucio, una fecha emblemática, justo un año después de la declaración de separación de la Iglesia con su Manifiesto Católico.
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