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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha confirmado que, en lo que va de 2024, se han producido daños en dos yacimientos arqueológicos, en el de La Polera II de Merindad de Río Ubierna y en el de Santa Bárbara en Pancorbo. En ambos casos, los daños en estos enclaves protegidos se han debido al uso de un aparato detector de metales y por la realización de excavaciones clandestinas.
Roberto Sáiz también ha reconocido «actos vandálicos destacables» en las casetas de los vigilantes del monasterio de San Pedro de Arlanza, en los yacimientos de Atapuerca y en el del yacimiento arqueológico de Peña Amaya, en Sotresgudo, «todos ellos de escasa magnitud».
En julio de este año, por ejemplo, ya se investigó a dos jóvenes por hoyar en yacimientos arqueológicos de Burgos.
Se han incoado catorce expedientes sancionadores durante el año 2024, nueve de ellos por obras en inmuebles integrantes del Conjunto Histórico, cuatro por intervención en el entorno de protección de monumentos y uno por incumplimiento de la obligación de conservar, custodiar y proteger bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El delegado territorial de la Junta ha presidido el Comité Territorial de Seguridad del Patrimonio Cultural de la provincia que ha contado con responsables del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y representantes de la Subdelegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía de Medio Ambiente y del Arzobispado.
También se ha puesto de manifiesto la coordinación entre las distintas administraciones y entidades para la intervención y traslado por parte de la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y del Museo de Burgos a este mismo centro, del relieve 'La adoración de los Reyes', de la ermita románica San Pedro de Tejada desde Barcelona, lugar en el que iba a ser subastado a finales de junio de 2023.
El objetivo de este Comité es seguir colaborando e intercambiando información sobre actuaciones encaminadas a la prevención de acciones ilícitas contra los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de nuestro territorio.
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